La relación de Trump con los empresarios va a terminar mal

OPINION

La relación de Trump con los empresarios va a terminar mal

La política intervencionista del presidente norteamericano tiene críticas de los economistas principales de su país

sábado 27 de septiembre de 2025

Anne O. Krueger *

Diario Perfil

Krueger y Kirchner milongueando. Foto: Pablo Temes

Durante al menos los últimos 150 años, se ha demostrado que la intervención del Estado en la elección de industrias y empresas individuales a las que apoyar socava la productividad y debilita los resultados económicos. Cuando las consideraciones políticas pesan más que el buen juicio comercial, las empresas pueden verse obligadas a mantener abiertas fábricas no rentables, continuar con actividades deficitarias, favorecer a los proveedores estatales en detrimento de los privados o nombrar para puestos directivos a personas no cualificadas, pero con conexiones políticas.

Por el contrario, cuando las empresas privadas son ineficaces o producen bienes que la gente no quiere, salen del mercado y entran empresas más productivas. El afán de lucro impulsa a las empresas a contratar empleados capaces, producir bienes de calidad que satisfagan la demanda, innovar y adoptar tecnologías de vanguardia. Cuando están sujetas a la influencia o el control políticos, las empresas suelen tener menos incentivos para perseguir estos objetivos, precisamente porque la propiedad gubernamental las protege de la competencia.

En Estados Unidos, como en la mayoría de las economías avanzadas, el sector privado ha sido durante mucho tiempo el principal motor del crecimiento del PBI. Con los gobiernos desempeñando un papel relativamente limitado –estableciendo marcos regulatorios, apoyando la investigación básica y la innovación, y frenando los monopolios–, la competencia ha florecido, proporcionando décadas de prosperidad económica.

Pero bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos –otrora un avatar del capitalismo de libre mercado– ha roto con esta tradición. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump se ha inmiscuido repetidamente en la toma de decisiones del sector privado. Su administración ha puesto en el punto de mira a bufetes de abogados, universidades, grupos de reflexión, fabricantes de semiconductores y baterías, empresas de medios de comunicación, investigación y más. Y, siguiendo el ejemplo de las economías comunistas controladas por el Estado, su administración ha ido aún más lejos, pasando de la intimidación a la propiedad directa de empresas privadas por parte del gobierno. En junio, por ejemplo, se permitió a la japonesa Nippon Steel adquirir US Steel, pero tuvo que conceder al gobierno federal una “acción de oro”, dando a los responsables políticos estadounidenses poder de veto sobre los planes de negocio de la empresa.

Incluso antes de la intervención de Trump, Nippon Steel se había comprometido a realizar importantes inversiones en US Steel, conservar a todos los empleados y cumplir los contratos recién negociados con los trabajadores representados por los sindicatos. Las exigencias añadidas de la administración Trump envían así un mensaje contradictorio: al tiempo que corteja la inversión extranjera, erige barreras innecesarias.

El acuerdo de Trump con los fabricantes de chips Nvidia y AMD ilustra esta contradicción. En abril, la administración detuvo la venta de semiconductores avanzados a China por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, en julio, se permitió a Nvidia y AMD reanudar las ventas, a condición de que entregaran al gobierno de EE.UU. el 15% de los ingresos.

El acuerdo de la administración con Intel es aún más descarado. En agosto, Trump anunció que el gobierno estadounidense había adquirido una participación del 10% en la empresa, pagada con 5.700 millones de dólares que Intel ya había recibido en virtud de la Ley Chips y Ciencia y otros 3.200 millones del programa Secure Enclave. El acuerdo también encadena de hecho a Intel a su fundición deficitaria, al tiempo que da al gobierno la opción de comprar un 5% adicional si alguna vez se vende la fundición.

En particular, al convertir las subvenciones previstas de Chips en capital, el acuerdo no proporciona a Intel nuevos fondos públicos. Mientras tanto, los accionistas privados soportan el coste de la dilución: el gobierno estadounidense compró su participación a  20,47 dólares por acción, muy por debajo del precio de cierre de 24,80 dólares en la víspera del anuncio de Trump.

Aunque el gobierno no tendrá ningún puesto en el consejo de Intel, incluso sin representación formal, la sombra de la administración se cernirá sobre la toma de decisiones de la empresa. Los responsables políticos podrían inclinarse por Nvidia, AMD y otras empresas para que compren semiconductores a Intel, presionar a la empresa para que construya nuevas fábricas en lugares poco rentables u obligarla a contratar a trabajadores elegidos por su lealtad política y no por su competencia.

El prolongado declive de Intel subraya la mala economía que impulsa la inversión de Trump. En la década de 1990, la empresa era el principal fabricante de semiconductores; en 2000, incluso llegó a ser brevemente la segunda empresa más valiosa del mundo. Hoy, sin embargo, ni siquiera figura entre los 15 primeros fabricantes de chips por capitalización bursátil.

Intel también ha sido el mayor beneficiario de la ley Chips, utilizando fondos federales para desarrollar nuevas instalaciones de producción en Arizona. Pero la construcción ha sufrido repetidos retrasos, achacados por los ejecutivos a la escasez de mano de obra cualificada. Del mismo modo, una planta de Ohio que ya está en construcción ha visto retrasada su fecha de finalización de 2025 a 2030.

En este contexto, el acuerdo de Trump con Intel parece especialmente equivocado. Lo que realmente necesita la empresa es nueva financiación para hacer frente a sus obligaciones actuales, engrosadas por años de grandes pérdidas, y financiar el plan de recuperación desarrollado por su nuevo consejero delegado, Lip-Bu Tan. SoftBank, el conglomerado inversor japonés, anunció recientemente una  inversión de 2 mil millones de dólares en Intel, aunque sigue siendo una incógnita si este movimiento refleja una auténtica confianza en el futuro de Intel o un esfuerzo por ganarse el favor durante las tensas negociaciones arancelarias entre EE.UU. y Japón.

A menudo se dice que la política industrial consiste en “elegir ganadores”. Pero dado el reciente desempeño de Intel, la administración Trump parece decidida a elegir perdedores. Aunque pocos discuten la importancia de la producción de acero, o que los semiconductores impulsarán el crecimiento futuro, el capitalismo de Estado de Trump hace poco para fortalecer la industria o la economía estadounidense en general. Por el contrario, expone los peligros de la intromisión gubernamental en los mercados: despilfarro del dinero de los contribuyentes, distorsión de los incentivos, debilitamiento de la competencia y menor dinamismo e innovación.

* Execonomista jefa del Banco Mundial y exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es catedrática de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins e investigadora principal en el Centro para el Desarrollo Internacional.