Panorama Político Nacional
El escenario
El operador de la pauta: Santiago Caputo y el nuevo mapa de la propaganda oficial
Santiago Caputo, asesor presidencial, aparece cada vez más en el centro de la discusión pública por su presunta influencia en la distribución de la pauta oficial del Estado.
Informes periodísticos señalan que Caputo habría asumido un rol clave en la administración de partidas publicitarias que salen de empresas estatales y organismos como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, una maniobra que según críticos podría erosionar la promesa de campaña de “pauta cero” del gobierno.
Según los datos que han trascendido, YPF destinó en 2024 alrededor de 97.100 millones de pesos al rubro “Publicidad y propaganda”, una cifra muy superior a la reportada en 2023 (31.749 millones), lo que encendió alertas sobre el incremento del gasto publicitario en empresas estatales bajo la actual gestión.
La multiplicación de esos fondos y la centralización de decisiones en manos de asesores vinculados al Poder Ejecutivo reavivaron cuestionamientos acerca de cómo y a qué medios llega esa pauta.
La mecánica denunciada por distintos reportes apunta a que la pauta no se ha eliminado (como prometió el oficialismo) sino que se estaría “canalizando” a través de empresas públicas.
Esa práctica, sostienen analistas y opositores, permite mantener flujos significativos de publicidad estatal sin la misma visibilidad o control que tendrían si fueran partidas centralizadas y sujetas a rendición pública clara.
Uno de los puntos más críticos es la opacidad en la distribución: pedidos de acceso a la información y requerimientos de medios y organizaciones de transparencia habrían recibido respuestas parciales o negativas por parte de los organismos involucrados.
Fuentes periodísticas indican que no existe, al menos públicamente, un desglose exhaustivo de cuáles medios o proveedores reciben esos recursos y en qué montos, lo que dificulta auditar posibles sesgos o favoritismos en la asignación.
Desde sectores del oficialismo y del círculo cercano a las decisiones de comunicación se evita, en general, hablar de irregularidades y enmarca los movimientos como decisiones administrativas de comunicación institucional.
Sin embargo, la percepción entre críticos y parte del periodismo es que la concentración de la pauta en “canillas” estatales administradas por cercanos al gobierno configura un riesgo para la pluralidad informativa y para la rendición de cuentas.
Las reacciones no se hicieron esperar: dirigentes opositores, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia exigieron la publicación de los contratos, órdenes de compra y destinatarios finales de la publicidad para verificar que no haya un uso político de los fondos.
Además, legisladores anunciaron pedidos de informes que podrían derivar en audiencias públicas o requerimientos formales a los organismos estatales responsables.
En el terreno político, la controversia abre una discusión más amplia sobre la relación entre comunicación pública y clientelismo mediático.
Para quienes observan la gestión desde la óptica de la lucha contra el “estado interventor” (un eje de la retórica de campaña), la situación resulta, cuando menos, contradictoria: el aumento del gasto publicitario y la concentración de su gestión contrastan con los compromisos oficiales de reducir la intervención estatal en ese terreno.
Mientras tanto, fuentes periodísticas insisten en la necesidad de transparencia: publicar datos, contratos y beneficiarios permitiría despejar dudas y reconstruir la confianza en la gestión de la pauta oficial.
Sin una clarificación explícita y documentada, la figura de Santiago Caputo seguirá siendo señalada por sus vínculos con la estrategia comunicacional del Ejecutivo y por el rol que se le atribuye en la administración de recursos destinados a publicidad institucional.
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