Malestar y tensión en el Congreso: una oposición ampliada avanza con un paquete de leyes que complican al Gobierno
Los opositores en el Senado y los gobernadores impulsan dos proyectos que buscan más recursos para las provincias; luz verde en Diputados para dictaminar sobre financiamiento universitario y la crisis en el Garrahan
La pelea ya no es solo con el kirchnerismo. En la última semana el oficialismo ingresó en una peligrosa e impredecible pulseada con gobernadores y legisladores aliados que, hasta ahora, oficiaron de escudo protector frente a las ofensivas de la oposición en el Congreso. Un conflicto que, de no desactivarse a tiempo, podría desembocar en la sanción de leyes nocivas al superávit fiscal con una mayoría tal capaz de contrarrestar los eventuales vetos presidenciales.
La disputa tiene como marco ineludible las tensiones por los armados electorales en las provincias y la caída de los ingresos coparticipables que sufren, en mayor o menor medida, los gobernadores. Los aliados sostienen que les llegó el momento de cobrar favores tras un año y medio de ponerle el cuerpo a la gobernabilidad en el Congreso. Sin embargo, la Casa Rosada no se inmuta. Avisó que no sacrificará el superávit fiscal ni repartirá más fondos a las provincias y, convencida de que teñirá el país de violeta en las próximas elecciones, no le abrirá las listas de La Libertad Avanza a los aliados salvo excepciones, como Buenos Aires.
La réplica al desplante del Gobierno no tardó en tronar en el Congreso. Con el aval de los 24 mandatarios provinciales, los jefes de bloque opositores y aliados del Senado presentaron dos proyectos de ley para coparticipar fondos que actualmente retiene la Nación. Toda una declaración de guerra. En paralelo, en la Cámara de Diputados se firmarán la semana próxima los dictámenes para garantizar el financiamiento de las universidades y declarar la emergencia en la salud pediátrica a raíz del conflicto en el Hospital Garrahan. El presidente Javier Milei anticipó que vetará todas estas iniciativas si son ley.
El kirchnerismo sigue atento el conflicto. Huele sangre. Desde la condena a prisión de Cristina Kirchner radicalizó sus proclamas. El jueves pasado tomó por asalto la Comisión de Presupuesto que el libertario Ezequiel Atauche mantenía clausurada y forzó los dictámenes a los proyectos de recomposición de las jubilaciones, de prórroga de la moratoria previsional y de declaración de emergencia en la asistencia pública a la discapacidad. Las tres ya tienen media sanción y, salvo la de moratoria previsional, serían convertidas en ley pese a las amenazas de veto.
José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, anticipó que pedirá una sesión especial para el jueves próximo. Astuto, Mayans quiere incluir los dos proyectos auspiciados por los gobernadores para meter presión. Uno de ellos propone eliminar una serie de fideicomisos para que los recursos que los nutren sean coparticipados entre las provincias; asimismo, dispone que el 57,02% de lo producido por el impuesto a los combustibles también sea girado a los distritos.
El otro proyecto propone repartir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias” en “forma diaria y automática”. Se trata de un fondo millonario: en cinco meses recaudó $365.000 millones y, en lo que va del año, solo distribuyó el 20%.
“Son recursos con asignación específica que administra el Gobierno nacional pero que no son propios. Ante ello surge indubitablemente que el cambio normativo propuesto no afecta las finanzas públicas nacionales”, argumentaron los senadores firmantes.
La Casa Rosada no se sorprendió ante la ofensiva, pero por ahora no da señales de ceder. Su única estrategia es la de intentar procrastinar el golpe. En pocos días arrancará el receso legislativo y confía en que el Congreso bajará las persianas cuando la campaña electoral entre en calor a partir de setiembre. Espera contar con la ayuda de gobernadores dialoguistas –Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut)- para evitar que la sangre llegue al río antes de las elecciones.
“Mal pagador”
El problema es que el estado de crispación es tal que el conflicto ya adquirió una dinámica propia, impredecible y riesgosa. El Gobierno no goza del mismo crédito de hace un año y medio atrás; gobernadores y aliados le reprochan ser un “mal pagador” por la pila de promesas incumplidas y desplantes que, dicen, reciben de los libertarios. El malestar es indisimulable y la paciencia parece haber llegado al límite.
“Les sacamos todas las leyes, pagamos un costo político altísimo para bancar el ajuste, cortaron de cuajo las transferencias a las provincias, se nos meten en nuestros territorios y encima nos ningunean en los armados electorales. Hasta acá llegó el amor”, es la queja unánime que se escucha en los pasillos.
El Senado se convirtió en una virtual olla a presión. “La situación es bien complicada y la genera la intransigencia del Gobierno. No hay interlocutores válidos con quien negociar. Así llegamos adonde estamos: 24 gobernadores que hasta hace poco estaban divididos, ahora se muestran unidos y desafiantes. Esto se pudo haber evitado. Ahora cualquier chispa puede desatar un incendio”, dramatiza un senador de indudable cercanía al oficialismo.
El veto, en peligro
Habrá que ver si se convoca a sesión especial la semana próxima. La llave que abre el recinto la maneja la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. El interrogante es hasta cuándo podrá soportar la presión de los bloques. La oposición dura quiere apurar los tiempos: sabe que si estas leyes son vetadas por el Poder Ejecutivo, la insistencia por parte de ambas cámaras del Congreso debería producirse antes del recambio legislativo, instancia en la que presumiblemente los libertarios fortalecerán sus bancadas.
Con la composición actual, sin embargo, los vetos presidenciales corren peligro. Al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le va a resultar difícil reunir a los “87 héroes” que el año pasado blindaron los vetos a las leyes jubilatoria y de financiamiento universitario. Las últimas votaciones demuestran una creciente fuga de aliados hacia las posturas opositoras, pero en el oficialismo no dramatizan: lo enmarcan dentro de las tensiones electorales naturales.
De todas maneras, no deja de ser llamativo el reposicionamiento de algunos aliados, incluso quienes eran incondicionales. Los diputados del MID, que supieron integrar La Libertad Avanza y hoy integran el interbloque Pro, confirmaron su alejamiento de los libertarios porque “el ajuste llegó a un límite”. El radicalismo que responde a Rodrigo De Loredo, cercano al Gobierno, ya no puede contener a media decena de sus miembros que la semana pasada votaron a favor del financiamiento universitario y la emergencia en la salud pediátrica. Incluso los radicales “peluca” de la Liga del Interior, que el año pasado apoyaron el veto, ahora pregonan que el Gobierno debería dar alguna señal para las universidades.
Incluso Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro, tiene problemas para contener a los suyos; en la última sesión unos pocos, como Álvaro González y Héctor Baldassi, votaron con la oposición y otros, fieles a Mauricio Macri, se desmarcaron del bloque y se ausentaron de la votación para no rechazar los proyectos. La misma actitud adoptaron los legisladores que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, el peronista mimado por el Gobierno.
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