Con la música a otra parte: el "bobocero" Adorni metió la pata y se ligó una denuncia de SADAIC por calumnias e injurias

En un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei y los sectores culturales, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) intimó formalmente al “bobocero” presidencial, Manuel Adorni, por calumnias e injurias tras sus declaraciones del pasado 18 de julio en la Casa Rosada.
La entidad, que nuclea a miles de autores y compositores argentinos, exige una retractación pública en un plazo de cinco días hábiles y advierte que, de no concretarse, avanzará con acciones legales.
Durante aquella conferencia de prensa, el caradura de Adorni acusó a SADAIC de “cobrar derechos de autor de forma abusiva” y de quedarse con los fondos “quienes controlaban la entidad”, acusaciones que la organización calificó como “graves, falsas e infundadas”.
En consecuencia, el directorio de SADAIC, integrado por referentes como Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez y Víctor Yunes, saltó como leche hervida y consideró que esas afirmaciones lesionan el honor de sus representantes y atentan contra la legitimidad institucional de la organización.
A través de una carta documento enviada al funcionario, SADAIC advierte que las expresiones vertidas por Adorni podrían constituir delitos penales, incluyendo calumnias (art. 109 del Código Penal), injurias (art. 110) y falsa imputación de administración fraudulenta (art. 173, inc. 7). “No vamos a tolerar que se difame a una institución que representa a los creadores culturales del país”, afirmaron desde la entidad.
Todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y envidia
El Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei, desde que asumió, ha demostrado que es una de las tantas gestiones brutas y chabacanas que chocan de frente con la cultura, la intelectualidad, y cualquier sector de la sociedad medianamente calificada y con capacidad de expresar creatividad por fuera de los parámetros establecidos por el mercado.
En este sentido, la pelea con SADAIC se inscribe en una ofensiva más amplia del Gobierno liber-otario contra las entidades de gestión colectiva y el entramado legal que protege los derechos de propiedad intelectual en Argentina. Porque, volviendo a citar a Fito Paéz, es evidente que a Milei y sus esbirros “todo lo que brilla en este mundo, tan solo les da caspa y les da envidia”.
Así, a través de los decretos 765/24 y 138/25, el Ejecutivo avanzó con medidas que, según denuncian autores y asociaciones, vacían de contenido el derecho de los músicos a cobrar por el uso de sus obras.
El decreto 765/24 exime del pago de derechos de autor a las obras reproducidas en “ámbitos privados”, una categoría ambigua que abre la puerta a interpretaciones discrecionales y a la elusión del pago en espacios comerciales o eventos públicos. En tanto, el decreto 138/25 fuerza a los autores a negociar individualmente con empresas del sector, debilitando el rol de entidades como SADAIC en la defensa colectiva de sus derechos.
Para SADAIC, estas medidas atentan contra los principios básicos de la propiedad intelectual y violan estándares internacionales suscriptos por la Argentina. “La música tiene valor y tiene dueño”, sentenció la entidad en un comunicado, denunciando que el modelo impulsado por el gobierno busca desproteger a los creadores en beneficio de grandes corporaciones.
La embestida de Adorni no es un hecho aislado, sino parte de un patrón reiterado en la gestión Milei: la deslegitimación sistemática de organismos culturales, la estigmatización de sus referentes y la eliminación de políticas públicas orientadas a fomentar la producción artística. Desde la desaparición del Instituto Nacional del Teatro hasta los recortes al INCAA, pasando por la paralización de proyectos culturales federales, el gobierno ha mostrado un claro desinterés —cuando no desprecio— por el sector.
La denuncia de SADAIC, en este contexto, no solo expone el nivel de hostilidad del Gobierno hacia los artistas, sino que también plantea un debate más profundo sobre el lugar de la cultura en un proyecto de país que privilegia la lógica del mercado por encima del derecho al trabajo, la identidad y la creación colectiva.
Con esta intimación, la música argentina alza la voz y exige respeto. El Gobierno, por ahora, responde con silencios o ataques. Y mientras tanto, la pregunta se impone: ¿puede un país sin cultura sostener alguna forma de libertad?
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