sábado, 13 de diciembre de 2025
Estados Unidos y su giro más dramático de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial
LA NACION > Opinión
Estados Unidos y su giro más dramático de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial
Existe un riesgo no menor para la administración Trump: que la amenaza eventualmente inocua al régimen de Maduro implique un costo reputacional significativo
LA NACION
Sergio Berensztein
Donald Trump por Alfredo Sábat
El debut electoral de la nueva estrategia de seguridad publicada por la Casa Blanca resultó complicado: en Honduras se viven horas de creciente tensión, con denuncias por ahora infundadas de fraude y con el candidato que habría logrado el triunfo, Nasry Asfura, fuertemente respaldado por Donald Trump, cuestionado por la presidente saliente, Xiomara Castro, e incluso por Salvador Nasralla, segundo en el conteo preliminar a apenas 40.000 votos (algo más del 1%) del exalcalde de Tegucigalpa. Lo de Castro es entre asombroso e irrisorio. Denunció un “golpe electoral” y una supuesta manipulación del sistema utilizado para el recuento: una sincera admisión de inoperancia muy poco frecuente en esa especie en extinción que es el populismo bolivariano en América Latina. La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, llamó a las Fuerzas Armadas a defender el proceso electoral ante la presencia de una turba convocada por Libre, el partido de gobierno, que lidera Manuel Zelaya, esposo de Castro. Vale la pena enfatizar que la candidata oficialista, Rixi Moncada, exministra de Defensa, viene de sufrir una durísima derrota, con algo menos del 20% de los votos. Castro, Moncada… imposible que estos apellidos no remitan a la omnipresente influencia cubana en Centroamérica y el Caribe.
En 2009, luego del fracaso electoral en el nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con un contundente respaldo a Manuel Zelaya en su intento de avanzar con una reforma a todas luces ilegítima de la carta magna, que impedía la reelección, mediante un referéndum que la Corte Suprema de Honduras había declarado inconstitucional. Alineado con la Venezuela de Chávez, que le regalaba el petróleo, Zelaya pretendía perpetuarse en el poder modificando las reglas del juego, cosa que CFK ni siquiera pudo intentar debido a otra durísima derrota, la de 2013, que iniciaría un ciclo catastrófico para sus aspiraciones: desde ese año, perdió todas las elecciones con la excepción de las de 2019, cuando se automarginó en el lugar de vice para maximizar las chances de ganar en primera vuelta con Alberto Fernández como candidato, consciente del rechazo que generaba su figura. Considerando esa pésima performance electoral, llama la atención la paciencia y la generosidad del viejo aparato justicialista con Cristina: “Peronismo es ganar”, definió alguna vez el Chango Díaz, exministro de Trabajo de Menem. ¿Era? Cuestionada ahora como nunca antes, la expresidenta prefiere en esta etapa ignorar las desventuras de sus ¿ex? amigos de la Patria Grande latinoamericana.
Esto incluye a Nicolás Maduro, todavía presidente y bailarín primado de Venezuela, sometido a un asedio militar sin precedentes por parte de Estados Unidos. Para identificar una acumulación de fuerza militar de similar envergadura hay que remontarse a la destitución de Rafael Noriega el 20 de diciembre de 1989. Ese dictador, condenado por narcotráfico, homicidios, lavado de dinero y delitos de lesa humanidad, murió en detención domiciliaria en su ciudad natal, Panamá, en 2017, luego de haber cumplido una sentencia de más de dos décadas en una cárcel de Miami y otra más acotada en una francesa. Según Trump, Maduro, que por ahora evitó la traición de las Fuerzas Armadas bolivarianas y la de los jerarcas del régimen, tiene las horas contadas. Esto podría convertirse en un nuevo desafío para Washington si llega a verse forzado a utilizar la fuerza, no ya contra las lanchas que presuntamente transportan droga y en torno a las cuales se disparó un debate legal en la capital norteamericana, sino contra el régimen chavista. ¿Requeriría la autorización del Congreso? Algunos especialistas argumentan que no sería necesario en la medida en que no haya una invasión formal y que “solo” se trate de, por ejemplo, un bombardeo puntual y limitado a objetivos vinculados con el narcoterrorismo. De todas formas, existe un riesgo no menor para la administración Trump: que esta amenaza eventualmente inocua al régimen de Maduro implique un costo reputacional significativo. Sería un traspié difícil de remontar para la mencionada estrategia de seguridad nacional, muchísimo más grave que el creciente desgaste que experimenta en Honduras. Ya aparecieron algunas protestas en varias ciudades y campus universitarios norteamericanos en contra de la “invasión” de Venezuela. En muchos casos, se trata de los mismos que manifestaban hasta hace poco en contra del “genocidio” en Gaza. Y, tal vez por inercia, las banderas palestinas yacen junto con las venezolanas. Nada mejor para las pretensiones de Washington y su argumento de que el régimen de Maduro mantiene estrechos vínculos de negocios espurios tanto con Hamas y Hezbollah como con sus mandantes de Teherán.
La resiliencia de Maduro se explica por la omnipresencia de la inteligencia cubana en su gobierno. La Habana no se resigna a perder su posición privilegiada y parasitaria sobre Venezuela, un recurso estratégico extraordinario para esta isla especializada en resistir las presiones de EE.UU. Sin el petróleo ni los infinitos negocios, fundamentalmente los ilegales, el régimen castrista no hubiese sobrevivido. ¿Existe acaso un desenlace feliz en torno al laberinto en el que Trump se metió en el Caribe que se limite a Venezuela y excluya en la práctica a Cuba? Es obvio que semejante desplazamiento de tropas y armamentos no apunta a amedrentar únicamente a Caracas. Y que la liviandad con la que EE.UU. toma ahora la invasión de Rusia a Ucrania supone que espera una contraprestación de similar tono si opta por el uso de la fuerza para desplazar a Maduro y arrastrar al régimen cubano. Entretanto, para matizar la espera, Marco Rubio, el principal exponente de los descendientes del exilio (que acaban de sufrir una durísima derrota en la elección para alcalde de Miami), exsenador por Florida, actual secretario de Estado y titular del Consejo de Seguridad Nacional, un potencial candidato presidencial en 2028, ordenó a la diplomacia de su país que suspenda el uso de la letra Calibri en los documentos oficiales, considerada por la cultura woke más sencilla para la lectura, para retornar a la añorada Times New Roman. Tal vez, sin quererlo, abona la caracterización de “presidencia imperial” que recibe el estilo de liderazgo de su jefe.
A propósito, en un prólogo escrito por CFK para un libro de los periodistas Cynthia Ottaviano y Roberto Caballero, afirma que “Rusia nunca quiso invadir Europa”, en una clara defensa de Vladimir Putin, cuya estrategia en Ucrania fue el fruto de una supuesta “reacción defensiva” frente al avance de la OTAN. ¿Recordará la invasión a Crimea de 2014? Más allá de eso, es la misma hipótesis que respalda el documento de estrategia hecho público por Washington y que, según los principales especialistas en seguridad internacional, significa el giro más dramático por parte de EE.UU. a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que en algún momento el propio Lula da Silva había sugerido un argumento similar, para horror de sus amigos de la izquierda europea, que no podían contemplar los vasos comunicantes que implicaba la pertenencia de Brasil a los Brics (acaban de lanzar un nuevo sistema de pagos internacional denominado UNIT, con la intención de debilitar al dólar). Lo que sorprende es la coincidencia conceptual entre CFK y Trump respecto de un tema tan polémico como el conflicto en Ucrania. “No tiene nada que ver con su insistencia de que Bibi Netanyahu sea beneficiado con un indulto ni con la solidaridad con otro expresidente preso, Jair Bolsonaro”, aseguró con fina ironía un excanciller peronista.
Por Sergio Berensztein
viernes, 12 de diciembre de 2025
La piñata bonaerense: un viaje a las tinieblas de la política
LA NACION > Opinión
La piñata bonaerense: un viaje a las tinieblas de la política
Detrás de las leyes siempre hay una trastienda de negociación, pero lo que se vio en la provincia fue un descarnado tironeo por beneficios personales, pequeños cotos de poder y poltronas oficiales que aseguren un sueldazo, chofer y secretaria
LA NACION
Luciano Román
Axel Kicillof por Alfredo Sábat
Si la ciudadanía bonaerense hubiera estado despierta en la madrugada del 4 de diciembre, habría sido testigo, probablemente, de uno de los espectáculos más obscenos y bochornosos de la historia política de la provincia.
En esa noche se condensaron todos los vicios de una dirigencia que concibe el Estado como un botín. Hubo aprietes y repartijas de cargos, amenazas y transacciones oscuras, canje de votos por sueldos más que jugosos y “arreglos” bajo la mesa a cambio de “gobernabilidad”. El escenario fue, una vez más, la Legislatura bonaerense, una institución que se ha desprestigiado a sí misma y que, a esta altura, ni siquiera cuida las apariencias ni intenta disimular.
Estaba en juego el aval que pedía el Ejecutivo para tomar una nueva deuda que le permita financiar el déficit. Los diputados intuyeron la desesperación de un gobernador que, lejos de sanear las cuentas públicas de la provincia, ha aumentado el gasto de manera exorbitante. Decidieron, entonces, sacarse las caretas: “el aval te va a costar caro”. Y así fue como se desató un frenético tironeo por conseguir cargos y cajas, en algo que se parece más a un chantaje que a una negociación. Acosado por una interna salvaje, debilitado por una derrota electoral en octubre y urgido por sus propios desmanejos financieros, Axel Kicillof actuó con mano suelta: amplió el directorio del Banco Provincia (lo llevó de ocho a 14 integrantes), con cargos que reconocen una remuneración mensual de 13 millones de pesos, pero que además permiten nombrar asesores, secretarias y auxiliares. Cada director, según el cálculo del legislador Guillermo Castello, le costará al Estado 70 millones de pesos por mes. No los pagará Kicillof, sino todos los bonaerenses.
Los cargos en el Bapro no fueron la única concesión que se hizo en esa madrugada aciaga. Los intendentes también hicieron “caja” y en “la piñata” se incluyeron puestos en el Consejo General de Educación y en el Tribunal Fiscal de la provincia. Unos días antes, el gobernador había creado otra estructura millonaria que manejará el sector más radicalizado de La Cámpora: se trata del “Incaa bonaerense”, un instituto para fomentar la industria del cine que contará con un presupuesto inicial de 626 millones de pesos. “Un paso fundamental para defender la soberanía cultural”, festejaron dirigentes del kirchnerismo, que suelen disfrazar de “soberanía” la voracidad por cargos, cajas y privilegios.
Detrás de las leyes siempre hay una trastienda de negociación. Cuando se discuten endeudamientos, es lógico que los legisladores peleen recursos para sus distritos y pongan sobre la mesa exigencias para que se arregle una ruta, se construya un puente o se encare una obra hidráulica en su jurisdicción. Pero lo que se vio en la provincia no es una negociación de ese tipo, sino un descarnado tironeo por beneficios personales, por pequeños cotos de poder y por poltronas oficiales que aseguren un sueldazo, un chofer y una secretaria.
El discurso dominante en la Legislatura podría sintetizarse de esta forma: “Acá no importa la provincia, mucho menos los bonaerenses; acá lo que importa es que la nuestra esté”. Y la de ellos estuvo, claro. Kicillof, según un relevamiento de la Fundación Pensar, ya había creado entre 2019 y 2024 70.000 nuevos puestos en la administración pública provincial. Cuando se mira con lupa, no son precisamente designaciones de enfermeros, maestros o policías. Los cargos políticos, según ese estudio, aumentaron un 140 por ciento. Ahora habrá que agregar los saldos de esta última “negociación”.
Todo esto se aprobó en la Legislatura como es habitual: entre gallos y medianoche. Fue en votaciones a mano alzada, sin registros públicos y oficiales del sufragio de cada legislador, en una atmósfera opaca y tumultuosa que se ha convertido en la marca de identidad de un cuerpo institucional que bordea todo el tiempo los procedimientos irregulares y clandestinos. El manejo de fondos en ambas cámaras es un agujero negro: nadie controla, nadie rinde cuentas.
Una vez más, se comprobó también la fortaleza del “partido de la Legislatura”, donde rige una viciosa transversalidad en la que se diluyen las fronteras entre oficialismo y oposición. La escandalosa ampliación del directorio del Bapro no hubiera sido posible sin votos del radicalismo, Pro, la Coalición Cívica y de algunos legisladores que llegaron bajo el paraguas de La Libertad Avanza.
Gustavo Cuervo; Maricel Etchecoin Moro; Diego Garciarena; Fabián Luayza; Luciano Bugallo; Martín Rozas; Matías Civale; Romina Braga; Pablo Domenichini y Juan Esper Zamar son algunos de los opositores que apoyaron el endeudamiento
Gustavo Cuervo; Maricel Etchecoin Moro; Diego Garciarena; Fabián Luayza; Luciano Bugallo; Martín Rozas; Matías Civale; Romina Braga; Pablo Domenichini y Juan Esper Zamar son algunos de los opositores que apoyaron el endeudamiento
¿Hay algún partido dispuesto a denunciar las telarañas de corrupción que se tejen desde hace años en la Legislatura bonaerense? ¿Alguien que se atreva a exponer el oscuro sistema de “módulos”, subsidios, contratos fantasma y canje de votos? Un manto de silencios y complicidades parece convertir al palacio en una especie de búnker inexpugnable.
La Legislatura ha dejado de ser una institución para ser vista como “una caja”. La administran, desde hace décadas, el kirchnerismo y el massismo, que se alternan en la presidencia, pero con una “repartija” entre los distintos bloques que explicaría el espesor y la extensión de los silencios.
Lo que se vio la semana pasada, sin embargo, es algo que trasciende a la Legislatura, aunque ahí encuentra una caja de resonancia y un ecosistema propicio. Se vio una cultura política que concibe la administración del Estado con una lógica transaccional y al ejercicio parlamentario como un juego de aprietes y extorsiones para obtener beneficios personales. Es un mecanismo depredador y de chantaje político, en el que no se discuten ideas, programas ni estrategias, sino carguitos y acomodos. Más allá de la valoración moral que pueda merecer, es un sistema carísimo en términos prácticos y materiales. El costo de estos “arreglos” generará más déficit y mayor necesidad de endeudamiento, para cuya aprobación se exigirán, seguramente, más cargos y más privilegios. Es una rueda infinita que engendra nuevas urgencias y eleva el monto de la hipoteca para generaciones futuras. A veces cuesta ver y dimensionar el impacto de estas obscenidades políticas en la vida de los ciudadanos. Basta mencionar, sin embargo, que el acuerdo alcanzado en la madrugada bonaerense del 4 de diciembre implicará más recursos para la burocracia y menos para caminos rurales, redes de agua potable, tomógrafos e infraestructura en los hospitales públicos.
En el camino se van debilitando otras instituciones, no solo la Legislatura. El Banco Provincia, por ejemplo, queda cada vez más alejado de un modelo de gestión profesional con administración técnica e independiente, para convertirse en una suerte de “aguantadero político”, con un directorio que no responde a las necesidades de una entidad financiera, sino a las urgencias de un gobierno forzado a pagar apoyos con cargos. Algo de esto ya se había visto el año pasado, cuando se supo que Kicillof había designado en el Bapro a Jorge “Coqui” Capitanich después de que hubiera perdido la gobernación de Chaco. Fue la forma de pagar compromisos partidarios y de tejer alianzas para reforzar su armado interno. En lugar de dar créditos para viviendas y proyectos productivos, el Banco Provincia se especializa últimamente en financiar los enjuagues del poder.
Organismos como el Tribunal Fiscal o el Consejo de Educación, donde los cargos deberían ser ocupados por especialistas, y las designaciones realizadas por concursos, consagran un sistema de ingresos “por la ventana” para pagar favores políticos y crear más “cuevas” en el Estado.
Lo que se ha consagrado, en definitiva, es la norma de que los cargos públicos no se crean por necesidad, sino como moneda de cambio. Y que las leyes no se votan por convicción, sino para obtener privilegios. Alguien podría decir, con razón, que todo esto es tan viejo como conocido. Sin embargo, la semana pasada hubo una novedad: se alcanzaron niveles de desparpajo que pocas veces se habían visto. Lo que antes se intentaba ocultar o disimular ahora se hace “a cielo abierto” y con la cara descubierta.
El caso Chocolate tal vez haya producido un efecto inverso al que podría haberse imaginado: en lugar de marcar un punto de inflexión y de trazar un límite, parece haber soltado los frenos inhibitorios, como si después de aquel escándalo de ñoquis y empleados ficticios ya no hiciera falta cuidar las formas ni las apariencias. “¿Qué le hace una mancha más al tigre?”, se preguntan los legisladores sin ocultar el cinismo. Ya no queda nada que cuidar. Ya no tiene sentido disimular.
Chocolate puede volver. Descubriría, con alivio, que todo está como era entonces. ¿O peor? Quizá hasta el señor Rigau se termine escandalizando de lo que ocurre en la Legislatura y en otros engranajes del Estado bonaerense.
Por Luciano Román
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