domingo, 28 de septiembre de 2025
sábado, 27 de septiembre de 2025
El operador de la pauta: Santiago Caputo y el nuevo mapa de la propaganda oficial
Panorama Político Nacional
El escenario
El operador de la pauta: Santiago Caputo y el nuevo mapa de la propaganda oficial
Santiago Caputo, asesor presidencial, aparece cada vez más en el centro de la discusión pública por su presunta influencia en la distribución de la pauta oficial del Estado.
Informes periodísticos señalan que Caputo habría asumido un rol clave en la administración de partidas publicitarias que salen de empresas estatales y organismos como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación, una maniobra que según críticos podría erosionar la promesa de campaña de “pauta cero” del gobierno.
Según los datos que han trascendido, YPF destinó en 2024 alrededor de 97.100 millones de pesos al rubro “Publicidad y propaganda”, una cifra muy superior a la reportada en 2023 (31.749 millones), lo que encendió alertas sobre el incremento del gasto publicitario en empresas estatales bajo la actual gestión.
La multiplicación de esos fondos y la centralización de decisiones en manos de asesores vinculados al Poder Ejecutivo reavivaron cuestionamientos acerca de cómo y a qué medios llega esa pauta.
La mecánica denunciada por distintos reportes apunta a que la pauta no se ha eliminado (como prometió el oficialismo) sino que se estaría “canalizando” a través de empresas públicas.
Esa práctica, sostienen analistas y opositores, permite mantener flujos significativos de publicidad estatal sin la misma visibilidad o control que tendrían si fueran partidas centralizadas y sujetas a rendición pública clara.
Uno de los puntos más críticos es la opacidad en la distribución: pedidos de acceso a la información y requerimientos de medios y organizaciones de transparencia habrían recibido respuestas parciales o negativas por parte de los organismos involucrados.
Fuentes periodísticas indican que no existe, al menos públicamente, un desglose exhaustivo de cuáles medios o proveedores reciben esos recursos y en qué montos, lo que dificulta auditar posibles sesgos o favoritismos en la asignación.
Desde sectores del oficialismo y del círculo cercano a las decisiones de comunicación se evita, en general, hablar de irregularidades y enmarca los movimientos como decisiones administrativas de comunicación institucional.
Sin embargo, la percepción entre críticos y parte del periodismo es que la concentración de la pauta en “canillas” estatales administradas por cercanos al gobierno configura un riesgo para la pluralidad informativa y para la rendición de cuentas.
Las reacciones no se hicieron esperar: dirigentes opositores, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia exigieron la publicación de los contratos, órdenes de compra y destinatarios finales de la publicidad para verificar que no haya un uso político de los fondos.
Además, legisladores anunciaron pedidos de informes que podrían derivar en audiencias públicas o requerimientos formales a los organismos estatales responsables.
En el terreno político, la controversia abre una discusión más amplia sobre la relación entre comunicación pública y clientelismo mediático.
Para quienes observan la gestión desde la óptica de la lucha contra el “estado interventor” (un eje de la retórica de campaña), la situación resulta, cuando menos, contradictoria: el aumento del gasto publicitario y la concentración de su gestión contrastan con los compromisos oficiales de reducir la intervención estatal en ese terreno.
Mientras tanto, fuentes periodísticas insisten en la necesidad de transparencia: publicar datos, contratos y beneficiarios permitiría despejar dudas y reconstruir la confianza en la gestión de la pauta oficial.
Sin una clarificación explícita y documentada, la figura de Santiago Caputo seguirá siendo señalada por sus vínculos con la estrategia comunicacional del Ejecutivo y por el rol que se le atribuye en la administración de recursos destinados a publicidad institucional.
La relación de Trump con los empresarios va a terminar mal
OPINION
La relación de Trump con los empresarios va a terminar mal
La política intervencionista del presidente norteamericano tiene críticas de los economistas principales de su país
sábado 27 de septiembre de 2025
Anne O. Krueger *
Diario Perfil
Krueger y Kirchner milongueando. Foto: Pablo Temes
Durante al menos los últimos 150 años, se ha demostrado que la intervención del Estado en la elección de industrias y empresas individuales a las que apoyar socava la productividad y debilita los resultados económicos. Cuando las consideraciones políticas pesan más que el buen juicio comercial, las empresas pueden verse obligadas a mantener abiertas fábricas no rentables, continuar con actividades deficitarias, favorecer a los proveedores estatales en detrimento de los privados o nombrar para puestos directivos a personas no cualificadas, pero con conexiones políticas.
Por el contrario, cuando las empresas privadas son ineficaces o producen bienes que la gente no quiere, salen del mercado y entran empresas más productivas. El afán de lucro impulsa a las empresas a contratar empleados capaces, producir bienes de calidad que satisfagan la demanda, innovar y adoptar tecnologías de vanguardia. Cuando están sujetas a la influencia o el control políticos, las empresas suelen tener menos incentivos para perseguir estos objetivos, precisamente porque la propiedad gubernamental las protege de la competencia.
En Estados Unidos, como en la mayoría de las economías avanzadas, el sector privado ha sido durante mucho tiempo el principal motor del crecimiento del PBI. Con los gobiernos desempeñando un papel relativamente limitado –estableciendo marcos regulatorios, apoyando la investigación básica y la innovación, y frenando los monopolios–, la competencia ha florecido, proporcionando décadas de prosperidad económica.
Pero bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos –otrora un avatar del capitalismo de libre mercado– ha roto con esta tradición. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump se ha inmiscuido repetidamente en la toma de decisiones del sector privado. Su administración ha puesto en el punto de mira a bufetes de abogados, universidades, grupos de reflexión, fabricantes de semiconductores y baterías, empresas de medios de comunicación, investigación y más. Y, siguiendo el ejemplo de las economías comunistas controladas por el Estado, su administración ha ido aún más lejos, pasando de la intimidación a la propiedad directa de empresas privadas por parte del gobierno. En junio, por ejemplo, se permitió a la japonesa Nippon Steel adquirir US Steel, pero tuvo que conceder al gobierno federal una “acción de oro”, dando a los responsables políticos estadounidenses poder de veto sobre los planes de negocio de la empresa.
Incluso antes de la intervención de Trump, Nippon Steel se había comprometido a realizar importantes inversiones en US Steel, conservar a todos los empleados y cumplir los contratos recién negociados con los trabajadores representados por los sindicatos. Las exigencias añadidas de la administración Trump envían así un mensaje contradictorio: al tiempo que corteja la inversión extranjera, erige barreras innecesarias.
El acuerdo de Trump con los fabricantes de chips Nvidia y AMD ilustra esta contradicción. En abril, la administración detuvo la venta de semiconductores avanzados a China por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, en julio, se permitió a Nvidia y AMD reanudar las ventas, a condición de que entregaran al gobierno de EE.UU. el 15% de los ingresos.
El acuerdo de la administración con Intel es aún más descarado. En agosto, Trump anunció que el gobierno estadounidense había adquirido una participación del 10% en la empresa, pagada con 5.700 millones de dólares que Intel ya había recibido en virtud de la Ley Chips y Ciencia y otros 3.200 millones del programa Secure Enclave. El acuerdo también encadena de hecho a Intel a su fundición deficitaria, al tiempo que da al gobierno la opción de comprar un 5% adicional si alguna vez se vende la fundición.
En particular, al convertir las subvenciones previstas de Chips en capital, el acuerdo no proporciona a Intel nuevos fondos públicos. Mientras tanto, los accionistas privados soportan el coste de la dilución: el gobierno estadounidense compró su participación a 20,47 dólares por acción, muy por debajo del precio de cierre de 24,80 dólares en la víspera del anuncio de Trump.
Aunque el gobierno no tendrá ningún puesto en el consejo de Intel, incluso sin representación formal, la sombra de la administración se cernirá sobre la toma de decisiones de la empresa. Los responsables políticos podrían inclinarse por Nvidia, AMD y otras empresas para que compren semiconductores a Intel, presionar a la empresa para que construya nuevas fábricas en lugares poco rentables u obligarla a contratar a trabajadores elegidos por su lealtad política y no por su competencia.
El prolongado declive de Intel subraya la mala economía que impulsa la inversión de Trump. En la década de 1990, la empresa era el principal fabricante de semiconductores; en 2000, incluso llegó a ser brevemente la segunda empresa más valiosa del mundo. Hoy, sin embargo, ni siquiera figura entre los 15 primeros fabricantes de chips por capitalización bursátil.
Intel también ha sido el mayor beneficiario de la ley Chips, utilizando fondos federales para desarrollar nuevas instalaciones de producción en Arizona. Pero la construcción ha sufrido repetidos retrasos, achacados por los ejecutivos a la escasez de mano de obra cualificada. Del mismo modo, una planta de Ohio que ya está en construcción ha visto retrasada su fecha de finalización de 2025 a 2030.
En este contexto, el acuerdo de Trump con Intel parece especialmente equivocado. Lo que realmente necesita la empresa es nueva financiación para hacer frente a sus obligaciones actuales, engrosadas por años de grandes pérdidas, y financiar el plan de recuperación desarrollado por su nuevo consejero delegado, Lip-Bu Tan. SoftBank, el conglomerado inversor japonés, anunció recientemente una inversión de 2 mil millones de dólares en Intel, aunque sigue siendo una incógnita si este movimiento refleja una auténtica confianza en el futuro de Intel o un esfuerzo por ganarse el favor durante las tensas negociaciones arancelarias entre EE.UU. y Japón.
A menudo se dice que la política industrial consiste en “elegir ganadores”. Pero dado el reciente desempeño de Intel, la administración Trump parece decidida a elegir perdedores. Aunque pocos discuten la importancia de la producción de acero, o que los semiconductores impulsarán el crecimiento futuro, el capitalismo de Estado de Trump hace poco para fortalecer la industria o la economía estadounidense en general. Por el contrario, expone los peligros de la intromisión gubernamental en los mercados: despilfarro del dinero de los contribuyentes, distorsión de los incentivos, debilitamiento de la competencia y menor dinamismo e innovación.
* Execonomista jefa del Banco Mundial y exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es catedrática de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins e investigadora principal en el Centro para el Desarrollo Internacional.
Diagnósticos simplistas, agresividad y narrativa de nicho: lo que hay que cambiar
Diagnósticos simplistas, agresividad y narrativa de nicho: lo que hay que cambiar
El Presidente está forzado a reinventar su método de gestión de gobierno si no quiere que la multimillonaria ayuda dispuesta por Trump caiga en el barril sin fondo de los desastres financieros argentinos
Sergio Berensztein
LA NACION
El inédito paquete dispuesto por la administración Trump a través del Departamento del Tesoro para auxiliar a la Argentina podría representar un punto de inflexión en el vínculo entre ambos países y, fundamentalmente, en cuanto a los principales aspectos que explican por qué dicha ayuda se transformó en indispensable: Javier Milei está forzado a reinventar su método de gestión de gobierno si no quiere que esa multimillonaria suma caiga en el consuetudinario barril sin fondo de los desastres financieros argentinos. La absurda
boutade del TMAP (“todo marcha de acuerdo al plan”), un exceso de soberbia que el propio José Luis Espert acaba de admitir en declaraciones públicas, debería dejar numerosos aprendizajes. Por un lado, el diagnóstico libertario respecto de los eternos problemas argentinos fue siempre muy superficial y sesgado a cuestiones macroeconómicas. Por el otro, el andamiaje político que construyó el Presidente resultó inapropiado para sobrevivir a las aguas turbulentas que todos los gobiernos del mundo deben navegar, en especial los de nuestro país. Más aún, para que el impacto de esta invaluable y extraordinaria ayuda sea positivo y perdurable, ambas dimensiones deben corregirse de forma expeditiva y contundente. ¿Está Milei en condiciones de dar semejante vuelco?¿ Tiene la templanza, el pragmatismo, la voluntad y la audacia para avanzar en ese sentido?
Un diagnóstico inapropiado conduce a un tratamiento incorrecto que, incluso, podría empeorar la situación inicial. Tras décadas desperdiciadas en el laberinto asfixiante de la decadencia nacional, con crisis recurrentes y cíclicas, independiente mente del color político del gobierno, la Argentina necesita evitar el simplismo al ahora de definir las causas de su persistente problemática. Se requiere una perspectiva integral y multicausal que nos permita entender el fenómeno en toda su magnitud, explorar eventuales soluciones e implementarlas con sentido común, eclecticismo y practicidad.
Durante largas décadas escuchamos que el déficit fiscal era la fuente de todos nuestros males: aumentaba el endeudamiento, la presión fiscal y/o la emisión monetaria y generaba, en consecuencia, inflación. La administración Milei se comprometió desde el día uno a mantener un superávit financiero (no solo primario, es decir, computando los intereses a pagar). De manera inédita y en tiempo y forma. ¡Cumplió a rajatabla! Sin embargo, no fue suficiente para evitar otro ataque especulativo contra el peso dados los errores no forzados del propio Gobierno, en particular la no compra de reservas en un contexto recesivo y de atraso cambiario, que empeoró con las durísimas derrotas de Corrientes y PBA. ¿Cómo se explica que el gobierno más promercado de nuestra historia, al menos en el plano ideológico, genere tanta precaución en la sociedad como para que los ciudadanos se empecinen en acopiar dólares, sobre todo fuera del sistema financiero? ¿Qué motivos justifican que Mil ei, Ca puto y compañía induzcan el mismo comportamiento defensivo que Cristina y Kicillof, aun con superávits gemelos (fiscal y comercial)?
El stock de desconfianza de los argentinos es independiente del gobierno de turno. Sufrimosfracasos con regímenes civiles y militares, con líderes peronistas, radicales y de experiencias novedosas y superadoras de lo “viejo”, como Juntos por el Cambio. Deberá modificarse el dicho: el que se quema con leche, ve un león y también llora. En síntesis, el problema nacional no es la falta de dólares (los argentinos tenemos a resguardo del Estado casi la mitad den uestro sino de infinita des confianza .¿ Alcanzará con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos, que asciende en principio apenas a una doceava parte de lo que acumulamos, para revertir esa situación?
Otra típica generalización para explicar nuestros males apunta al peronismo. Por lo que sus líderes hicieron y dicen y por lo que podría implicar si regresara esa fuerza al poder. Cuatro sencillos interrogantes resquebrajan y hasta invalidan esa hipótesis. ¿Hemos tenido serios desequilibrios fiscales, financieros y hasta episodios de default de la deuda soberana antes del surgimiento del peronismo o incluso antes de que existieran organizaciones sindicales poderosas en el país? ¿Atravesamos períodos de inestabilidad política, crisis de gobernabilidad, golpes de Estado y violencia estatal y no estatal antes de 1945?¿ Supimos a coger y alimentar liderazgo s ca udil listas, persona listas, hiper presidencialistas y con claras connotaciones populistas, incluso nacionalistas, antes de Perón? ¿Atravesaron otros países, dentro y fuera de América Latina, experiencias similares en dichas dimensiones analíticas? Si todas las respuestas son positivas, el peronismo no es per se el culpable de todo. Tampoco el kirchnerismo. Parece absurdo hablar de “riesgo kuka” cuando el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires no logró ser candidato a cargo alguno en este turno electoral.
Resolver la cuestión fiscal es, entonces, condición necesaria pero no suficiente para evitar episodios de turbulencia económica. Es igualmente importante la política monetaria y cambiaria, más en el explicado contexto de absoluto recelo respecto de todos los gobiernos. Además de las cuestiones macroeconómicas, aparecen otros asuntos de naturaleza material (aspectos microeconómicos y regulatorios) y simbólica que es menester atender. Por último, la construcción de gobernabilidad democrática constituye un desafío para un país con una dinámica de fragilidad institucional, confrontación y polarización permanentes, en el que predomina una cultura no cooperativa y de rechazo a la flexibilidad, la ambigüedad y las mañas y sutilezas imprescindibles en la construcción de consensos.
Si quiere cambiar el duro destino al que parecía condenado hasta la semana pasada, Milei necesita ampliar todo lo posible la base de sustentación de su audaz propuesta de gobierno al margen del resultado electoral. Si este fuera positivo( primeraminoría con más del 35%), debe mostrar generosidad y grandeza en un momento de consolidación de su liderazgo. Si fuese negativo (segunda minoría con menos de ese porcentaje ), desde la más genuina humildad, debe ofrecer espacios para con formar un gobierno de unidad nacional que continúe la senda de la estabilización y avance con la agenda de reformas estructurales que el país abandonó hace casi tres décadas. Sin una coalición robusta que brinde sustento a la modernización del país, el riesgo de reversión populista será siempre muy alto. Asimismo, debe eliminar para siempre su lenguaje soez y revulsivo, para encontrar un tono apropiado a su investidura: es el presidente de todos los argentinos, incluidos quienes no lo votaron. Es necesaria una narrativa amplia e inclusiva: se trata de un país que se caracteriza por ser plural, diverso, complejo y contradictorio. Y todos los argentinos merecen ser parte de ese futuro de prosperidad y desarrollo que Milei promete.
Finalmente, considerando su afinidad con el judaísmo, y aprovechando la cercanía de un nuevo Yom Kipur, Milei tiene una oportunidad fabulosa para pedir perdón a los “viejos meados”, los “ñoños republicanos”, los “mandriles”, los “ensobrados”, los “econochantas” y todos aquellos a los que injusta e imprudentemente ofendió durante tanto tiempo. Más vale tarde que nunca. Los necesita imperiosamente para reinventar su administración.●
Todos los argentinos merecen ser parte de ese futuro de prosperidad y desarrollo que Milei promete
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