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Segunda mitad
Primer objetivo: conseguir que salga la reforma laboral
La relación con la política y los dirigentes tiene un primer desafío clave para el futuro.
Nelson Castro
Diario Perfil
Patricia Bulrich por Pablo Temes
El segundo tiempo de la gestión del actual gobierno ha comenzado. Fue el miércoles pasado, 10 de diciembre. Ya, en el horizonte, despunta la primera batalla: el proyecto de ley de reforma laboral. En ese escenario aprontan sus soldados la desvaída CGT y el decadente peronismo. Esos son los adversarios de siempre a los cuales el Gobierno confía en poder doblegar. Sin embargo, con eso no alcanza, porque hay un actor que apareció en escena el viernes y produjo estrépito: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La Asociación salió con los tapones de punta a criticar duramente el proyecto de ley, señalando por medio de un comunicado que, entre otras cosas, contiene artículos que tiene por objetivo la disolución del fuero laboral. Esos artículos son, en los hechos, el 90 y el 91.
El artículo 90 del proyecto señala: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.
El artículo 91 habla de la “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.
El Gobierno debería prestar atención a esta advertencia de los jueces, quienes marcaron que están en estado de alerta. Hay que recordar que los magistrados tienen la última palabra sobre la constitucionalidad o no de las leyes, es decir –en definitiva– de su legalidad y, por ende, de su vigencia. Recuérdese –a manera de ejemplo que, en junio de 2013, la Corte Suprema declaró inconstitucional el proyecto de ley con el que la condenada expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso someter a la Justicia.
El tema judicial dará aún más tela para cortar. Un primer objetivo que no debe ser olvidado es la necesidad de completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema. A eso se le suma la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes existentes en todos los fueros.
Mientras tanto, la rosca política no se detiene. La Libertad Avanza confía en que tendrá 33 votos garantizados para la primera parada legislativa en el Senado: a sus 19 senadores más el apoyo de Luis Juez, le suma los diez del radicalismo y los tres del PRO. Apuesta también por los apoyos que obtuvo en su primer tiempo de gestión: los dos misioneros, el correntino Espínola y la tucumana Ávila. Así el Gobierno tendría la media sanción asegurada en el recinto donde tiene menor peso específico. En el oficialismo repiten una especie de consigna como un mantra: “No se tocan los derechos del laburante; se reorganizan para tener reglas claras sin abusos y con menos burocracia sindical”. En este último punto la realidad demuestra otra cosa. El Gobierno no aceleró a fondo para desarticular a la casta sindical. La cuota solidaria que hoy abonan todos los trabajadores como aporte a los sindicatos aunque no estén afiliados a ninguno seguirá vigente. Se trata de una de las fuentes de recaudación del establishment sindical más arraigada en el viejo sistema. Los libertarios también aceptaron que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa.
La pregunta es muy simple: ¿por qué una nueva etapa de “modernización laboral” mantiene semejantes privilegios? En el Gobierno se justifican enumerando los avances de la nueva ley y aseguran que el “paquete de leyes para refundar la Argentina” va mucho más allá de la pelea con los sindicatos. “Vamos a terminar con la industria del juicio y bajar los costos laborales para que tanto las pymes como las grandes empresas puedan contratar más gente sin temor a desfinanciarse” –aseguran. Es cierto, pero también es verdad que el Gobierno y las centrales obreras exageran sus posturas para darle pasto a los propios. Hay que mantener las formas.
A pesar de no haber sido golpeada en su línea de flotación, la CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. La movilización será el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno y la idea de sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales. El show debe continuar. En una dirigencia sindical que atrasa 30 años, todavía reina la idea de “ganar la calle” como una demostración de poder. La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil manifestantes en la Plaza de Mayo. Gerardo Martínez (Uocra) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”. La falsa épica ante todo. Como en los viejos tiempos del kirchnerismo que, dicho sea de paso, está listo para conspirar dentro y fuera del Palacio Legislativo. Las primeras voces de esa fuerza señalaron que el Consejo de Mayo –órgano consultivo que trabajó en el paquete de leyes– no es vinculante y aseguraron que “no se permitirá que el empresariado y un puñado de liberales borren de un plumazo las conquistas laborales históricas de los trabajadores”. ¿A quién le importa realmente la protección y generación de empleo? Si todo sale como anticipan la mayoría de los analistas serios, el aumento del trabajo formal debería ser un objetivo defendido por todos. Como siempre ocurre, cuesta demasiado soltar la cartera de privilegios que hicieron de la Argentina un país inviable por muchos años.
Más pruebas complican a Toviggino y el Gobierno busca cerrar el cerco sobre Tapia
La denuncia de la DGI arrincona al jefe de la AFA; nuevas sospechas de testaferros
La Nacion
Nicolás Pizzi
Claudio "Chiqui" Tapia por Alfredo Sabat
La denuncia de la DGI contra la AFA por apropiación indebida de tributospor$7500millonesapunta de manera directa a Claudio “Chiqui” Tapia, que hasta ahora intentaba mantenerse a distancia del derrumbe del financista Ariel Vallejo, investigado por presunto lavado en torno a los negocios del fútbol. El Gobierno busca, así, cerrar el cerco sobre Tapia a partir de la acumulación de elementos probatorios.
Su mano derecha, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aparece cada vez más comprometido en la investigación por presuntos testaferrosenlacompradeunamansión en Pilar. Ayer, LA NACION accedió a fotos de un bolso con el nombre de Toviggino y una placa en su honor, encontrados en la propiedad.
El titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vitolo, dijo a su vez a LA NACION que la AFA no responde observaciones de sus balances por un total de US$460 millones.
En siete minutos pasó de todo. A las 12.46 del viernes, cuando la Policía Federal registraba la mansión de Villa Rosa adjudicada a Pablo Toviggino, y contaba los autos de lujo, la Cámara Federal decidió sacarle la causa al juez Daniel Rafecas. ¿Avanzó mucho en poco tiempo? Casi en simultáneo, a las 12.53, los abogados de ARCA radicaban una denuncia sensible contra la AFA por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $7500 millones. La presentación apunta de manera directa a Claudio “Chiqui” Tapia, que venía observando el derrumbe del financista Ariel Vallejo casi como un espectador.Fueelfinaldeunasemana frenética para la dupla que maneja el fútbol argentino. Todo indica que no será la última.
La investigación en Lomas de Zamora, donde hay dos causas avanzando en paralelo, hasta ahora se concentró en Vallejo. Si hay pruebas directas contra Tapia, todavía no aparecieron.
Vallejo asegura que conoció al presidente de la AFA luego de la Copa del Mundo de Qatar, en diciembre de 2022. Su principal objetivo era utilizar al fútbol para posicionar a su empresa, con apenas un año de vida. Tapia también vio una oportunidad. “Lo primero que le preguntó Chiqui a Ariel cuando lo conoció era si le daba la nafta para cumplir el rol de financiera. Ariel se mandó, a su manera”, cuenta un exladero del dueño de Sur Finanzas.
El presidente de la AFA entabló una relación cercana con Vallejo, casi paternal, y le dio el empujón que necesitaba. Ningún dirigente de Primera ni del Ascenso se animaba a interrumpir un contrato de sponsoreo con Sur Finanzas. Mucho menos a hacerle juicio si no pagaba. El único que se animó fue Platense. “Es un traidor”, reacciona Vallejo cuando le preguntan por el dirigente Sebastián Ordoñez, expresidente de la institución de Saavedra.
La relación con Tapia era muy estrecha. “Chiqui se identificó conmigo, los dos tenemos un origen muy humilde”, cuenta el financista en la intimidad. Las comunicaciones se interrumpieron desde que LA NACION comenzó a contar los problemas judiciales de Vallejo, el 2 de noviembre. Cerca de Tapia aseguran que no le atendió más el teléfono. El financista cuenta otra historia. Para el caso, es lo mismo.
Hasta el viernes, el presidente de la AFA le transmitía a su entorno que no había pruebas en su contra, al menos en las causas contra Vallejo. “Chiqui está tranquilo con este quilombo, es otro apriete”, le dijo a LA NACION un allegado al presidente de la AFA que lo asesora en temas legales.
Aunque buscaba llevar tranquilidad, Tapia comenzó a buscar puentes con sus “enemigos” tras su minigira por Estados Unidos a bordo de un avión privado. Arrancó en Lima para la Final de la Libertadores, pasó por Miami, luego el sorteo en Washington, y volvió a Miami para la ansiada foto con Messi. No tuvo éxito. Tuvo que conformarse con un premio consuelo en el club privado de Donald Trump.
A su regreso, la Justicia allanó la sede de la AFA y de la Superliga. En esos procedimientos, dicen las fuentes judiciales, aparecieron los contratos publicitarios con Sur Finanzas. Y algunos poderes y balances que todavía se están revisando. “Hicimos más de 50 allanamientos en dos semanas, no hay tiempo fí- sico para mirar todo”, advierten en los tribunales de Lomas de Zamora. Además de la documentación, hay más de 50 teléfonos por revisar.
Los contratos encontrados en los procedimientos judiciales no sorprendieron a nadie. De mano de la Tapia, la empresa que preside Vallejo llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y hasta del Torneo de Reserva. Todo ese esquema sigue vigente.
La Justicia también allanó 18 clubes. La mayoría tenían una vinculación directa con Sur Finanzas por contratos de publicidad, pero hay casos más sensibles como Banfield, San Lorenzo y Argentinos Juniors, donde hubo préstamos y adelantos de derechos de televisación. Con los presidentes de esos clubes, Vallejo no terminó nada bien. Uno de los apuntados es el expresidente de Banfield, Eduardo Spinosa, otro que tuvo que entregar su teléfono. “A Malaspina le presté plata”, admite Vallejo. En la denuncia de la DGI, Argentinos Juniors figura con $200 millones transferidos. Serían montos parciales.
Tapia todavía no explicó por qué aceptó una tarjeta de crédito otorgada por el dueño de Sur Finanzas. LA NACION reveló que esa tarjeta VISA Signature registró un primer consumo el 16 de enero de 2024. Desde ese momento, los montos de los resúmenes fueron muy bajos. Solo tuvo un pico en enero de este año: gastó $4.622.000. El mes anterior, el resumen registró consumos por $229.000 y US$ 570.
Esa tarjeta sigue vigente. En el último resumen, que venció el 14 de noviembre, aparece un abono de $88.000 con Broadbantech, una empresa que ofrece servicios de televisión, internet y telefonía en cinco localidades de Buenos Aires y en una localidad de Córdoba. Hay otro dato curioso: el domicilio que figura en los resúmenes de la tarjeta del presidente de la AFA es la sede central de la financiera, Seguí 780, en Adrogué. Tapia es funcionario por su cargo en la Ceamse. ¿No incurrió en un delito?
La tarjeta del “Chiqui” fue parte de un convenio entre Sur Finanzas y el Banco Coinag. Se llegaron a emitir más de 100 plásticos. En el listado aparecen varios dirigentes y exdirigentes del fútbol. Una de esas tarjetas la recibió Marcelo Tinelli, según confiaron fuentes de las empresas involucradas. La tarjeta se dio de alta en octubre de 2023, el mismo año que la financiera comenzó a publicitar en los programas del conductor. El consumo máximo fue de apenas $1.092.000. Y en abril de 2024 se dio de baja. ¿Por qué? La relación comercial entre Vallejo y el entorno de Tinelli no terminó bien, y el financista decidió interrumpir el acuerdo.
El vínculo entre Vallejo y Tapia que expuso la tarjeta de crédito no aparece, hasta ahora, en los expedientes. Todos los allanamientos apuntaron al dueño de Sur Finanzas. La tanda comenzó el 1° de diciembre, en la sede central de la financiera. Este martes, el juez Luis Armella sumó los allanamientos contra los clubes y la AFA. Y el jueves descubrió un galpón en Turdera, a partir de un llamado anónimo, donde se guardaba documentación, cajas fuertes, y hasta computadoras. En ese lugar, la Policía sorprendió in fraganti a Micaela Sánchez (30), una joven que actuaba como tesorera y se movilizaba en una camioneta con dos custodios, igual que su jefe. Los tres seguían detenidos hasta anoche.
El episodio de la tesorera puso en alerta a Vallejo, que ve derrumbarse su empresa día a día. La Justicia le congeló todas las cuentas y ni siquiera puede pagar los sueldos de sus empleados. “Me inmovilizaron hasta mi dinero personal y me robaron plata en los allanamientos”, se queja el financista con los pocos interlocutores que le quedaron.
En medio de los allanamientos, Vallejo habló con LA NACION y mandó varios mensajes: “El Chiqui nunca me pidió nada, yo no lucré con el fútbol”. En silencio, despotrica contra la Justicia de Lomas de Zamora. Dice que hay canales abiertos con Tapia. Y que tiene pruebas.
El panorama judicial cambió abruptamente el viernes a la tarde. La denuncia de ARCA contra AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $7500 millones menciona directamente a Tapia. “Puede observarse el detalle de los datos referenciales de la persona que ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de comisión de los hechos puestos en conocimiento de V.S.”, dice la presentación.
Cuando la atención se concentraba en Vallejo, el Gobierno decidió subir al ring al presidente de la AFA. La denuncia salió desde las oficinas de ARCA, el mismo lugar que investigó a Sur Finanzas durante un año. “Lo único que los sostiene es el Mundial”, repiten en los despachos oficiales sobre los dirigentes de la AFA.
El otro expediente de interés parece apuntar al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la mansión de Villa Rosa (en Pilar). La Justicia ya confirmó que esa propiedad pertenecía a Carlos Tevez, luego pasó a manos de MALTE SRL, y finalmente fue “adquirida” por Real Central SRL, donde aparecen Luciano Pantano y su madre Ana Conte, dos personas que habrían actuado como testaferros.
Adentro de la mansión, el juez Rafecas encontró 45 autos de lujo, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings. Solo 10 de esos autos cuestan más de US$ 2 millones. Un día antes, el juez allanó otra casa en un barrio privado de Pilar. Esa propiedad figuraba a nombre de Wicca SAS, donde aparecen la exsecretaria de finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y el exdirector general ejecutivo de la AFA, Juan Pablo Beacon, que integraba el círculo de confianza de Toviggino. Hace unos meses, esa propiedad pasó a manos de Real Central.
El viernes al mediodía, cuando la Policía estaba en la mansión de Villa Rosa buscando dinero con perros adiestrados, la Cámara Federal decidió mandar la causa al fuero Penal Económico. Ese expediente quedaría en manos de Marcelo Aguinsky, que se reincorpora este lunes de sus vacaciones. “Vamos a agotar las medidas cautelares en aquellos aspectos que no se contemplaron”, prometen en los Tribunales de Inmigrantes, a la vuelta de Comodoro Py.
Se espera otra semana cargada de novedades.