Política

Como Menem con YPF pero al revés

El presidemente que le pedía a Macri que no interviniera en los medios ahora le exige a Clarín que entregue la cola

Milei le declara la guerra a Clarín con un comunicado y los abogados del grupo todavía esperan el fax. (Dibujo: Fernando Rocchia para AGENCIA NOVA)

El gobierno del presidemente Javier Milei le ordenó al Grupo Clarín que se desprenda de 6 millones de abonados móviles si quiere que la fusión con Telefónica Argentina vea la luz. La decisión, tan abrupta como una patada en la mesa de un café porteño, llegó por comunicado oficial, sin previo aviso y con la elegancia de un allanamiento sorpresa.

En el Palacio de Hacienda celebran la medida como un acto de defensa de la competencia; en el multimedio, en cambio, ya hablan de animadversión presidencial y de una resolución que huele más a ajuste de cuentas que a política de mercado.

El fallo del Tribunal de Defensa de la Competencia, ese organismo que los libertarios se apuraron a blindar en el Senado como quien pone el candado después del robo, exige que Telecom ceda el 40 por ciento de su cartera de clientes, nada menos que 6 millones de usuarios, junto con la infraestructura asociada, distribuida en AMBA, Norte y Sur.

La letra del comunicado oficial es tan quirúrgica como un bisturí en manos de un cirujano con vértigo: dice que buscan evitar un monopolio, pero en el grupo ya saben que el verdadero objetivo tiene apellido y tuit fijado desde hace año y medio, donde Milei califica a Clarín como "la gran estafa argentina". El presidemente, que nunca olvida una afrenta ni borra un tuit, encontró la excusa perfecta para cobrar una factura vieja con intereses acumulados.

En la vereda de enfrente, los abogados de Clarín aún esperan que les llegue la resolución para estudiarla, porque aparentemente el gobierno considera que notificar por gaceta oficial es suficiente muestra de buena fe.

Mientras tanto, en el multimedio se preguntan por qué la medida menciona exclusivamente al grupo argentino y deja afuera a los otros socios de Telecom: el mexicano David Martínez, los accionistas de Wall Street y hasta el 49 por ciento que maneja la Anses, que con este gobierno parece más un mal recuerdo que un socio. La conclusión es obvia: Milei no le declaró la guerra a una telefónica, le declaró la guerra a un símbolo.

El gobierno ya había rechazado una propuesta previa de Clarín que ofrecía dos empresas para absorber 2,9 millones de usuarios, una creada por un ex CEO de Telefónica y otra local. Pero el presidemente, fiel a su estilo de no aceptar migajas cuando puede exigir el plato entero, pidió los 6 millones o nada.

Ahora, si el grupo decide acatar la medida, tendrá que encontrar un comprador dispuesto a pagar por ese 40 por ciento de su facturación, un número que en el mercado suena a remate forzado. Si no, el escenario que se asoma es el de una expropiación encubierta, con el gobierno manejando los tiempos y los plazos como quien juega al póker con cartas marcadas.

En el grupo argumentan que en Argentina ya no hay lugar para un tercer competidor, que Telefónica se fue porque el negocio local no daba más y que, encima, ahora tienen que competir con Starlink, la empresa de Elon Musk que entró al país de la mano del propio Milei y ya suma un millón de usuarios en apenas dos años.

La ironía es tan gruesa como una conexión de fibra óptica: el presidemente que prometió desregularlo todo ahora regula con puño de hierro, y el que decía que el mercado lo resuelve todo ahora exige desinversiones forzadas como si fuera un planificador soviético. Pero claro, la coherencia nunca fue el fuerte de un economista que mide el éxito en tuits y la política en enemigos.

Mientras los abogados de Clarín esperan la notificación que nunca llega y los accionistas hacen números con calculadora caliente, el gobierno ya prepara el terreno para la próxima movida. Porque en el fondo, esta pelea no es por la libre competencia ni por los usuarios; es por el poder simbólico de doblegar al multimedio que, para el imaginario libertario, representa todo lo que hay que destruir. Y si en el camino se llevan puesta a una empresa que da trabajo, que le pregunten a los jubilados si ellos también esperan un comunicado.