VIDEO | Bullrich admite el "error" laboral mientras el oficialismo juega a reformar sobre la marcha
Primero impulsaron una reforma laboral de más de dos mil artículos, después descubrieron que habían puesto en la misma bolsa un esguince y un cáncer, y recién entonces apareció la palabra “error”.
Patricia Bullrich, voz central del proyecto en el Senado, terminó admitiendo públicamente que el oficialismo se equivocó al fijar el pago del 50 por ciento del salario durante las licencias por enfermedad de manera general, una decisión que había encendido críticas políticas, sindicales y hasta dudas entre aliados.
La justificación fue casi quirúrgica en su sinceridad involuntaria: tomaron la estructura de la vieja ley sin distinguir entre enfermedades. Es decir, reformaron uno de los capítulos más sensibles del derecho laboral argentino sin precisar algo básico que cualquier abogado laboralista subrayaría en la primera clase. Después del revuelo, la corrección llegó con letra chica: el 100 por ciento del sueldo quedaría garantizado solo para enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, mientras que el resto seguiría con recortes.
Lo llamativo no fue solo el reconocimiento, sino la naturalidad con la que se lo planteó. “Nos pasó”, dijo Bullrich, como si se tratara de un error administrativo menor y no de una modificación que impacta directamente en trabajadores enfermos. La escena política que queda es la de un oficialismo que primero endurece, luego retrocede y finalmente relativiza el traspié como si fuese un detalle técnico dentro de una ley gigantesca.
La senadora también dejó en claro que la polémica modificación no fue un accidente externo, sino una decisión deliberada de La Libertad Avanza. Según explicó, el cambio surgió tras consultas con jueces laborales que advertían sobre ausentismo, litigiosidad y la supuesta “mafia de los certificados”.
En esa narrativa, el problema no es la letra apresurada de la ley, sino el sistema laboral que el Gobierno pretende disciplinar, incluso a costa de generar un escándalo legislativo en pleno tratamiento parlamentario.
Mientras tanto, en paralelo al reconocimiento del error, el Ejecutivo intenta ahora encontrar la forma de incorporar las correcciones en Diputados sin que el texto vuelva al Senado, una maniobra que revela más urgencia política que prolijidad normativa.
Bullrich incluso le restó dramatismo a esa posibilidad, señalando que si el proyecto vuelve a la Cámara alta “tardará una semana más”, como si la discusión sobre derechos laborales fuera un trámite administrativo ajustable en agenda.
El artículo cuestionado modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, ante enfermedades o accidentes no laborales que impidan trabajar, el salario puede reducirse al 50 por ciento, o al 75 por ciento según las circunstancias. Una redacción que pasó el filtro del Senado, levantó polvareda después y ahora obliga al propio oficialismo a recalcular públicamente su postura.
En el fondo, la secuencia deja una postal incómoda: un gobierno que acusa “mafias” laborales mientras admite haber introducido un cambio sensible sin calibrar sus efectos políticos ni sociales. La reforma laboral, que se presentó como un rediseño estructural, terminó mostrando una fisura básica: legislar primero, explicar después y corregir cuando el costo político ya está instalado en la escena pública.
