La guerra arancelaria de Trump ha fracasado en todos los frentes

Derrotas parciales 

La guerra arancelaria de Trump ha fracasado en todos los frentes

La gestión económica del presidente de los EE.UU. demostró lo inconsistente que resulta trastocar ciertos mecanismos del orden global

Anne O. Krueger *

Diario Perfil 

Donald Trump por Pablo Temes

Es difícil exagerar hasta qué punto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha transformado el panorama internacional en los últimos 14 meses. Desde la Segunda Guerra Mundial, la política exterior estadounidense ha seguido en gran medida un enfoque internacionalista. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio –todas ellas fundadas y dirigidas por Estados Unidos– contribuyeron a mantener el orden multilateral, mientras que las relaciones económicas entre la mayoría de los países funcionaban bajo el principio de no discriminación.

Trump ha trastocado ese orden, sustituyéndolo por una agenda nacionalista y abiertamente imperialista de “America First”, ilustrada vívidamente por su guerra indefinida y temeraria contra Irán. Su retirada de instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud ha debilitado los canales de comunicación esenciales para vigilar las enfermedades transmisibles, coordinar las rutas aéreas, hacer un seguimiento de los fenómenos meteorológicos y fomentar la cooperación global. En el ámbito nacional, ha seguido un rumbo igualmente destructivo, atacando instituciones claves de EE.UU., incluidos los sistemas de ayuda de emergencia, la protección del medio ambiente y, sobre todo, el Estado de derecho. 

Muchas de estas medidas se han adoptado con poca o ninguna planificación o previsión estratégica. Los aranceles de Trump, muchos de los cuales se basaban en cálculos dudosos y posteriormente se redujeron o revocaron, son un buen ejemplo de ello. Ni siquiera se salvaron las remotas islas Heard y McDonald, cuyos únicos habitantes conocidos son pingüinos y focas. 

La justificación de los aranceles de Trump también ha cambiado repetidamente. En diferentes momentos, se han justificado como una forma de eliminar los déficits comerciales bilaterales, castigar a los países que supuestamente tratan a EE.UU. de forma injusta, reducir la inflación, mejorar la seguridad nacional e impulsar el empleo en el sector manufacturero. Sin embargo, las decisiones de Trump a menudo contradicen esos objetivos declarados. Por ejemplo, el superávit comercial de EE.UU. con Brasil no impidió que Trump impusiera aranceles generalizados a los productos brasileños en represalia por el encarcelamiento del expresidente Jair Bolsonaro, su estrecho aliado político. 

Vietnam ofrece otro ejemplo llamativo de la errática formulación de políticas de EE.UU. En julio, la administración Trump anunció un arancel del 20% sobre las importaciones vietnamitas, a pesar de que Vietnam había acordado eliminar sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses. Según se informa, la decisión tomó por sorpresa a los responsables políticos vietnamitas, ya que creían que habían conseguido un tipo mucho más bajo, del 11%. 

La lista de incoherencias y cambios bruscos de rumbo continúa. En particular, Trump ha apuntado repetidamente a las importaciones canadienses, subiendo y bajando los aranceles sobre productos como los automóviles y el aluminio, a pesar de haber negociado y firmado el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (Usmca) durante su primer mandato.

Dada su caótica puesta en marcha, no debería sorprender que la agenda arancelaria de Trump no haya logrado ninguno de sus objetivos declarados. El déficit comercial de EE.UU. alcanzó un máximo histórico en 2025, el empleo en el sector manufacturero disminuyó y la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. En lo que respecta a la seguridad nacional, pocos podrían argumentar que las políticas de Trump han hecho que EE.UU. sea más seguro.

Al mismo tiempo, los aranceles de Trump y la incertidumbre que los rodea han sacudido la economía mundial. La reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para llevar a cabo su agenda arancelaria, junto con el posterior anuncio de Trump de que volvería a imponer un arancel universal del 10% en virtud de una ley diferente, no ha hecho más que agravar esa incertidumbre.

Como resultado, los productores estadounidenses no pueden predecir a cuánta competencia de las importaciones se enfrentarán ni a qué precio, y las empresas que dependen de insumos importados no saben cuánto acabarán pagando por ellos. Las compañías estadounidenses orientadas a la exportación, por su parte, no pueden evaluar en qué medida el aumento de los costes de los insumos las pondrá en desventaja frente a los competidores extranjeros. 

Tales condiciones obstaculizan la inversión. Los productores que, de otro modo, podrían ampliar su capacidad pueden mostrarse reacios a hacerlo, ya que los aranceles que los protegen hoy pueden dejar de estar vigentes mañana. Los exportadores, que se enfrentan a mayores costes y a aranceles de represalia de otros países, pueden reducir sus operaciones globales. Muchas empresas ni siquiera pueden determinar qué tipos arancelarios se les aplican realmente. 

Afortunadamente, es probable que la sentencia del Tribunal Supremo limite la capacidad de Trump para utilizar aranceles discriminatorios como herramienta de negociación. En la práctica, los exportadores a EE.UU. ya no se enfrentarían al riesgo de que un productor competidor pudiera recibir de repente un arancel más bajo sobre productos idénticos. Trump se había valido anteriormente de esta táctica al amenazar a grandes exportadores de automóviles, como Corea del Sur y Japón, ya que incluso pequeñas diferencias en los tipos arancelarios pueden desplazar la ventaja competitiva de un productor a otro.

En respuesta a la sentencia, Trump ha amenazado con utilizar otras medidas, como los derechos antidumping, para compensar la pérdida de sus aranceles discriminatorios. También ha invocado una ley que permite al presidente imponer aranceles generales durante un máximo de 150 días. Estas medidas, aunque perjudiciales, al menos se aplicarían por igual a todos los países en lugar de favorecer a un productor sobre otro.

También podrían utilizarse otras disposiciones de la legislación comercial estadounidense, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que se centra en las prácticas comerciales desleales, y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite la imposición de aranceles por motivos de seguridad nacional. Pero estas herramientas suelen requerir largas investigaciones y conllevan retrasos procesales. E incluso si saliera victorioso, la sentencia del Tribunal Supremo ya ha restringido la capacidad de Trump para utilizar los aranceles como palanca política.

Todo esto subraya la importancia del principio de la nación más favorecida de la OMC, que fue diseñado precisamente para evitar ese tipo de discriminación. Trump no será presidente para siempre, pero el daño que su administración ha causado al sistema comercial mundial será difícil de reparar. Sea cual fuere la forma en que se restablezca un sistema comercial abierto y multilateral, la revocación de sus aranceles arbitrarios e imprudentes será un primer paso necesario.

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* Anne O. Krueger, execonomista jefa del Banco Mundial y ex primera directora gerente adjunta del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora sénior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y miembro sénior del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.

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El Gobierno enfrenta un largo invierno económico

LA NACION > Economía 

El Gobierno enfrenta un largo invierno económico 

LA NACION 

Florencia Donovan

Javier Milei  por Alfredo Sábat

Fueron tres días de rosca a pleno. Los abogados de negocios más importantes de la región —socios de estudios con oficinas en Nueva York, Santiago, Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, con carteras que incluyen fondos de private equity, bancos multilaterales y corporaciones multinacionales— eligieron el hotel Enjoy de Punta del Este para llevar a cabo esta semana su Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association. Lo que dijeron ahí, en los salones del complejo frente al Atlántico, fue casi calcado de lo que se escuchó hace pocas semanas en Argentina Week. La Argentina forma, por primera vez en mucho tiempo, parte de todas las conversaciones. Todos tienen clientes que miran. Pero mirar no es lo mismo que comprar.

La Argentina es hoy un activo que genera interés genuino, pero el dinero de verdad, el que mueve agujas, prefiere seguir esperando. La referencia temporal que apareció con más frecuencia fue la de 2027. Como si hubiera un consenso tácito respecto de que recién después de las próximas elecciones presidenciales —y de ver si el oficialismo puede sostener o ampliar su poder— el capital externo va a estar dispuesto a apretar el botón. “Salvo excepciones, el real money no vendrá hasta después de las elecciones”, se sinceró uno de los argentinos presentes. “Mientras, estamos todos detrás del RIGI [por el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones]”, explicó.

La frase captura bien el espíritu del momento. No es desconfianza en el Gobierno. Es algo más parecido a la cautela profesional. El Gobierno parece por ahora imbatible. No tiene en todo el arco político un contendiente claro. Elige todavía confrontar con un kirchnerismo de ideas vetutas, pero que a los ojos de los inversores sigue generando pavor. Su mayor debilidad, sin embargo, surge de su propia interna -nunca resuelta- y de la escasez, hace algunos meses, de resultados económicos tangibles.

Aunque pocas encuestas terminaron acertando en los últimos años los resultados electorales, todos siguen de cerca los sondeos de opinión pública que se publicaron en estos días. El último, de AtlasIntel Bloomberg, muestra una caída en los niveles de aprobación del presidente Javier Milei (al 36,4%, el valor más bajo de su gestión) y un crecimiento de los niveles de desaprobación (al 62,6%). Los resultados no son necesariamente infalibles, pero hablan de una tendencia en la que, además, las preocupaciones de la sociedad empiezan a migrar ya más claramente a dos temas: la corrupción (43,3% de los encuestados) y el desempleo (42,2%).

En el primer caso, flaco favor le hizo el caso de Manuel Adorni a la imagen del Gobierno, que había comenzado a levantar la bandera de la renovación moral en pos de contener a un electorado al que hay que pedirle todavía más paciencia, para que termine de ver una salida a todas sus penurias económicas.

Y es que la economía doméstica empieza a mostrar síntomas que complican el relato del crecimiento “como pedo de buzo”. Porque mientras que algunos motores están aceitándose -caso de la minería o del petróleo-, otros que venían empujando la recuperación están perdiendo fuerza. El crédito al sector privado, que fue uno de los grandes protagonistas de la reactivación del año pasado, está cayendo en términos reales. Subió, según datos del Banco Central (BCRA), apenas 2,3% en lo que va de 2026, contra una inflación estimada para el periodo más cercana a 9%.

Todo, en un contexto en el que la mora se disparó, después del apretón de tasas del segundo semestre de 2025. “Empieza a caer incipientemente la cantidad de atrasos, pero, ¿por qué cae? Más prudencia en la colocación, refinanciaciones, y va quedando atrás el episodio de volatilidad de tasas de septiembre/octubre de 2025. Es una buena señal, pero no es un dato conclusivo aun”, dicen en un banco de primera línea. El Banco Central parece estar tomando nota. Lentamente, empieza a descomprimir el torniquete sobre los pesos, aflojando los encajes, pero siempre con cautela.

El gasto público, entretanto, no es el colchón que puede amortiguar una desaceleración. La consolidación fiscal que el Gobierno exhibe con orgullo —y que es, hay que decirlo, uno de los activos que le reconocen incluso los más escépticos— implica exactamente eso: que el Estado no va a salir a gastar para sostener la demanda. Los números que empiezan a manejar en Hacienda anticipan que el segundo trimestre viene con un desempeño igual de flojo que el primero. En mayo y junio se espera una mejora en la recaudación con el ingreso de fondos del impuesto a las Ganancias, pero también a mitad de año crece con fuerza el gasto previsional por el aguinaldo y las actualizaciones.

El consumo privado tampoco está para grandes alegrías. La recuperación del salario real fue real, pero su impulso se está agotando. Los datos del Indec de enero no fueron positivos: la mejora para los salarios registrados fue del 2% versus una inflación de 2,9%. Y la inversión privada —la que vendría a reemplazar todo lo anterior— aún no aparece en el volumen que la narrativa oficial prometía. Y se concentra exclusivamente en sectores como el petróleo y el gas, la minería y el agro. Dicho en otros términos: los motores de crecimiento no están funcionando parejos.

En paralelo, el aura de un Gobierno de outsiders, impolutos de los vicios de la casta empieza a horadarse. En el sector privado, la atención más caliente se concentra en algunas de las licitaciones que avanzan en la agenda. El Gobierno tiene sobre la mesa un conjunto de procesos de privatizaciones y concesiones que, si cierran bien, podrían ser una señal potente para el capital internacional. Pero que, si cierran mal, o si se enredan en disputas políticas o en problemas de diseño, podrían alimentar exactamente las dudas que hoy frenan a los inversores.

La lupa en tres procesos

Hay una lupa especial sobre tres procesos, que concentran la atención de los grandes estudios jurídicos con práctica en infraestructura y concesiones, además de las grandes representaciones diplomáticas. Dos de ellos son, por lejos, los más grandes y los más complejos.

El primero es el de la hidrovía. La licitación del sistema de navegación troncal del Paraná-Paraguay es, probablemente, la concesión más importante que el Estado argentino va a otorgar en las próximas décadas. El volumen de comercio que pasa por esa vía, la complejidad técnica del dragado y mantenimiento y el período de la concesión hacen de este proceso una operación de magnitud regional. Los estudios que tienen mandatos en este segmento siguen cada movimiento del pliego con una atención que roza la obsesión. No es un sector que se caracterizó en el pasado por sus manejos transparentes. Entre los actores interesados ya comenzaron las denuncias cruzadas.

El segundo caso es el del Belgrano Cargas. La concesión del ferrocarril de cargas que conecta el norte productivo con los puertos del litoral es otra apuesta de largo plazo que el gobierno quiere destrabar. Acá también hay expectativa real, pero también preguntas sin respuesta sobre las inversiones comprometidas y el modelo de negocios que plantea el Estado.

Y hay un tercer proceso, algo más silencioso pero igualmente relevante, que completa el trío de licitaciones, que es el de AySA, la empresa de aguas estatizada en el kirchnerismo.

En los tres procesos, sirve de referencia la figura del asesor Santiago Caputo. Las versiones sobre una posible avanzada del karinismo en algunas de sus áreas de injerencia -caso de la Aduana o de la Secretaria de Inteligencia- hizo que en las últimas semanas desde el sector privado empezaran las especulaciones sobre posibles cambios en los interlocutores. Pero, tras el tembladeral provocado por el affaire Adorni, pareciera que los cambios serán más lentos que lo que algunos jugadores desearían.

En cualquier caso, el Gobierno tiene tres meses por delante difíciles. Es su responsabilidad demostrarle a los inversores que esperar hasta 2027 puede terminar siendo una mala elección. Todavía no está tan claro.

Por Florencia Donovan

"Espectros Historias de Ultratumba 37"