El Gobierno quiere limitar el mandato del jefe de los fiscales
LA ESTRATEGIA OFICIALISTA
Hay diálogos con la oposición y un proyecto presentado por la senadora Moisés; además pretende nombrar a 300 jueces más antes de fin de año; sobre la Corte Suprema, Javier Milei no definió todavía su integración
La Nacion
05 Julio 2026
Hernán Cappiello
El ministro Juan Bautista Mahiques ocupa lugares en el Poder Judicial por Alfredo Sabat
El Gobierno se propone de acá a fin de año cubrir las 300 vacantes de jueces nacionales y federales, incluidas las de la estratégica Cámara Federal de la Capital, los tribunales orales federales, y asegurarse de cubrir con postulantes propios el 40 por ciento del Poder Judicial.
Pero el ambicioso plan de la Casa Rosada va acompañado por una propuesta sorpresiva: la idea de acortar el mandato del procurador general de la Nación a dos períodos y terminar así con el carácter vitalicio de su gestión.
No está definido si la propuesta será de dos períodos de 4 años, dos de 5 o dos de 6, según reconoció una alta fuente legislativa en diálogo con LA NACION.
El Presidente aún no tiene definido si avanzará con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema en el segundo semestre o la dejará para 2028, según reconocieron distintas fuentes del Poder Ejecutivo.
“Aún no lo tiene resuelto”, ratificaron en el Congreso, en referencia al futuro de la Corte Suprema.
A pesar de la indefinición, el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, visitó hace tres meses a Javier Milei para reforzar la idea de que complete las vacantes con candidatos del Poder Judicial y no de la política.
Más aún, para Lorenzetti deben provenir de la Justicia Federal, porque la Corte es federal y porque las últimas vacantes fueron cubiertas con candidatos de la Justicia nacional.
La semana pasada volvieron a aparecer sobre la mesa los nombres de candidatos como Mariano Borinsky, la jueza Karina Perilli y Agustina Diaz Cordero, del lado de los jueces, hasta María Ibarzabal Murphy, la titular de la Secretaría Legal y Técnica y cercana a Santiago Caputo.
En paralelo, el Gobierno quiere avanzar con el debate de un proyecto de ley que limite el mandato del procurador general de la Nación.
Actualmente, el cargo es vitalicio, hasta los 75 años, al igual que el de los jueces.
Desde 2017, el cargo está vacante y lo ocupa de manera interina, con eficiencia y sin estridencias, el procurador adjunto, Eduardo Casal.
En el Gobierno piensan que la entrada en vigor del sistema acusatorio, que fija en manos de los fiscales la investigación de los delitos, dará al procurador general un poder enorme.
Entre sus funciones tiene la facultad de controlar y designar a los fiscales que pueden disponer de la acción penal, es decir, decidir si siguen adelante o no con un caso.
“Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se va a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración”, dijo a LA NACION una fuente oficial que trabaja en el tema.
La danza de nombres para la Corte Suprema reactivó en la oposición la circulación de un viejo proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés, que propone que el mandato del procurador general, en lugar de ser vitalicio, tenga 8 años de mandato, con opción a 4 más. Se mantienen el requisito de los dos tercios de los votos del Senado para su designación.
Este proyecto comenzó a circular por despachos de diversos jueces, se comentó su contenido en la Procuración General de la Nación y los operadores políticos que transitan entre el Congreso y los tribunales llevaron y trajeron esta ofrenda para dialogar. Se transformó en parte de la negociación por el eventual candidato a procurador general.
Todos quieren poner su propio nombre y la posibilidad de ate - nuar el poder del procurador es vista como una forma de facilitar un acuerdo.
El oficialismo del Senado puntualiza que actualmente la prioridad en las negociaciones pasa por la reforma política y la eliminación de las PASO. Pero los acuerdos por el futuro de l a Justicia están entrelazados en las conversaciones.
La presencia de 13 gobernadores en la asunción de Diego Santilli no pasó inadvertida en el Senado ni en el Palacio de Justicia. Fue interpretada como señal de sólido apoyo a estas ideas.
La otra prioridad – explicaron las fuentes– es cubrir todas las vacantes judiciales de acá a fin de año y tratar cada vez que se abra el Senado entre 20 y 30 pliegos por sesión.
La primera sesión está prevista para el 16 de julio y para agosto están citadas próximas audiencias. Hay ya enviados casi 140 pliegos y piensan en el Gobierno mandar los 300 antes de fin de año, según dijeron en el Senado y en el Ministerio de Justicia a LA NACION.
Esta semana quedó habilitado el envío de los pliegos para cambiar la Cámara Federal. Se cumplieron los plazos de impugnaciones y se enviarán ahora al Senado, que tras la renuncia de Manuel Adorni puede sesionar sin riesgo de que todo se convierta en un debate sobre el fantasma de la destitución.
Para la Cámara Federal, el Gobierno debe enviar el pliego de sus candidatos para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri, pero la Corte Suprema anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos.
Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola, allegado al ministro Juan Bautista Mahiques, y el propio Bertuzzi o la fiscal Cecilia Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.
El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en dos semanas, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.
La aprobación de este concurso provocó disgusto en el juez Lorenzetti, no por los candidatos, sino porque junto con Carlos Rosenkrantz propusieron cambiar el reglamento de concursos para hacer más transparentes las designaciones y el asunto quedó congelado en el Consejo de la Magistratura, que encabeza Horacio Rosatti.
Lorenzetti y Rosenkrantz seguirán reclamando estos cambios en el reglamento de selección de jueces y pedirán un nuevo Código de Ética de los magistrados: entienden que es una deuda de la Argentina y lo que consideran una atribución de la Corte.
La conformación de la nueva Cámara Federal ya está generando debate en tribunales, donde Mariano Llorens aspira a conformar un núcleo de coincidencias con Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, dejando aislado a Roberto Boico, que llegó con el apoyo del kirchnerismo.
Hasta hablan de “gobernar” las dos salas de la Cámara Federal. Para Boico, quedar en la vereda de enfrente de Llorens es como colocarse una cucarda en el pecho.
Las vacantes en Comodoro Py a llenar este año se completan con los juzgados federales, con cuatro lugares, y la Cámara de Casación Penal, con otras cuatro vacantes.
Hay un concurso ya corregido para cubrir tres vacantes de la Cámara de Casación, que ahora algunos jueces que quedaron relegados en sus notas quieren hacer revisar por “asesores técnicos”.
El Consejo de la Magistratura está ocupado con otras cuestiones. Como la mayoría de los mandatos de los consejeros, especialmente de los jueces y abogados, vencen a fin de año, ya están pensando en esas elecciones.
Y el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, planteó su deseo de ser reelecto y presentó una medida cautelar. La ley del Consejo prohíbe la reelección, pero en su interpretación es posible.
Su candidatura rompió la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, que tiene hegemonía en las elecciones de jueces. El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación y juez de tribunal oral, tiene sus propias aspiraciones. La interna provocó fisuras entre los jueces que venían ganando las elecciones en los últimos años y controlando ahora el Consejo Directivo.
Hay oposición a esta reelección del kirchnerismo, ya que Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tailhade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura, donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.
Se opuso también, desde la otra vereda, María Eugenia Talerico, de Será Justicia. Y el asunto tampoco es bien visto en el seno de la Corte Suprema.
