Fate puede ser la primera de muchas
La Nacion
20 feb. 2026
Florencia Donovan
Javier Milei por Alfredo Sabat
“Siempre supe que este cambio iba a ser duro y me preparé para esto. También creo que va a ser largo; los próximos tres años no van a ser fáciles”, dice, en privado, un empresario del rubro del consumo masivo que lleva décadas en el negocio y no oculta su simpatía por La Libertad Avanza (LLA). Atendida la urgencia inflacionaria, en el mundo corporativo empiezan a hacerse la idea de que las nuevas reglas de juego llegaron para quedarse. El cierre de Fate, que tras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo reabrirá por 15 días (y, probablemente, vuelva a cerrar cumplido el plazo), es apenas un ejemplo de una nueva realidad que no todos los industriales están dispuestos a navegar.
Y es que, más allá de que el Gobierno esté logrando avanzar en una necesaria reforma laboral, el verdadero cambio para el sector en términos de competitividad todavía no llegó: la reforma tributaria. Nomás basta ver lo que sucede con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Ayer, Economía finalmente publicó lo que ya era un secreto a voces, que es la ampliación del régimen para los proyectos de petróleo y gas del upstream ( extracción) y para el sector de tecnología (incluye movilidad sobre la base de nuevas tecnologías), y ya habrá en los próximos días una andanada de anuncios de inversiones.
No solo en Vaca Muerta, sino también en industrias como la automotriz, que estaba a la espera de beneficios impositivos para lograr que sus casas matrices terminen por aprobar inversiones para la fabricación de modelos híbridos en el país. Toyota tiene en gateras la inversión para la fabricación de la nueva Hilux híbrida; al igual que VW, que destinaría US$580 millones para la fabricación de la pick-up mediana Patagonia. Renault recibiría en su fábrica de Santa I s ab el una i nversión de US$350 millones para la producción de una pick-up de media tonelada con fuerte foco en la exportación. Así, una industria que estaba destinada a desaparecer en una Argentina abierta al mundo parece encontrar la rendija para reconvertirse. Sin aún tener ley laboral firme, pero con un gremio pragmático y mejoras impositivas [nada mal para un gobierno que se jacta de no hacer políticas industriales sectoriales], hay un negocio en la especialización que, al menos, parece viable de cara a las casas matrices internacionales; en este caso, el de la especialización en la fabricación de camionetas livianas para exportación.
Todo pese a que por ahora ninguna de las provincias ni ninguno de los municipios en los cuales operan están dispuestos a revisar su carga tributaria. Hoy, la carga tributaria de las provincias (vía Ingresos Brutos) y de los municipios (con tasas que no tienen siquiera contraprestación alguna) es igual o más pesada para algunas industrias que lo que mensualmente les cobra la Nación. Con gobernadores que se repliegan en sus territorios –muy pocos tienen, por ahora, proyección nacional de cara a 2027–, no hay tantos incentivos para que avancen en ajustes más fuertes en las provincias. Hay que cuidar el territorio, como sea. Sobre todo, además, porque en muchas jurisdicciones LLA es una amenaza real para caudillos apoltronados en el poder. En saco roto quedaron los rankings que elaboraron el Banco Central (BCRA) y los bancos sobre los municipios más voraces. No hay reclamo privado que les haga mella.
Con una recaudación a la baja, tampoco la ex-AFIP, ahora ARCA, afloja sus niveles de voracidad. Ni siquiera para revisar situaciones que hasta el más común de los sentidos consideraría injustas. El organismo recaudador sigue intimando a las empresas por ajustar deudas por la inflación, cosa que recién la nueva ley laboral permitiría a partir de 2025. Ahora, las intimadas son las empresas que participaron del plan Renovar, durante la gestión macrista. Ya que muchas de ellas tomaron créditos para avanzar en proyectos de energías renovables. El problema es que algunos de estos préstamos fueron garantizados por bancos de desarrollo internacionales, que ahora temen que alguna compañía decida entrar en mora o ejecutar garantías. “Sería una pésima señal para el riesgo país, en un momento en el que bancos de fomento como el Eximbank de los Estados Unidos o la KFW de Alemania están volviendo”, deslizó una fuente al tanto de estas conversaciones.
Así las cosas, la gran incógnita es cuánto resistirán muchos jugadores y si lograrán sobrevivir aquellos naturalmente competitivos. También, qué sucederá con aquellas multinacionales que vienen de años de “bailar” en entornos de condiciones zigzagueantes. Hoy, a diferencia de entonces, sus compañías al menos tienen precio. La operación de venta de Carrefour, una de las más grandes en gateras, está demorada pero no cancelada, según afirman quienes participan todavía de la compulsa. Todo pese a que sus directivos dijeron esta semana, en el marco de la presentación de resultados del grupo, que no habían recibido por el momento ofertas que los satisficieran. Ya algunos de los interesados habrían hecho llegar el mensaje a Francia de que están dispuestos a mejorar su oferta. Hasta ahora, ninguno ofrecía más de US$700 millones por un negocio con el que Carrefour especulaba con hacerse de por lo menos US$1000 millones.
El cambio de reglas de juego, sin embargo, no se da sin que algunas industrias también den pelea. Es un debate abierto en el que todos tienen buenos argumentos. En una presentación tan técnica como políticamente calculada, la cámara que reúne a los grandes laboratorios nacionales, Cilfa, le pidió esta semana al gobierno de Estados Unidos que quite a la Argentina de la Priority Watch List del informe Special 301, el radar con el que Washington evalúa la protección de la propiedad inte - lectual en el mundo. Lo hizo en una audiencia presencial ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), anteayer. Su argumento central,
En las provincias y municipios en los que operan las automotrices no están dispuestos a revisar su carga tributaria
según se desprende de un documento al que accedió LA NACION, que presentaron ante la USTR previamente a fines del mes pasado, cuestiona a quienes sostienen que el país discrimina a las farmacéuticas innovadoras: según datos citados en el escrito, el superávit comercial en productos farmacéuticos es sistemáticamente favorable a EE.UU. y en 2024 representó cerca de un tercio del saldo positivo total que ese país obtuvo en el intercambio bilateral. Además, de acuerdo al documento, el sistema argentino no niega patentes legítimas, sino que evita abusos como el evergreening ( como se conoce en la industria cuando con pequeños cambios en la fórmula se logra una extensión de la protección de la patente) y que, lejos de cerrar el mercado, las compañías norteamericanas facturaron en conjunto más de US$2400 millones en 2024 en la Argentina. La farmacéutica es una industria acostumbrada a las grandes batallas y a los grandes números.
En el gobierno de Milei, no obstante, prometen avanzar pronto con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial firmado con los Estados Unidos hace apenas semanas. Habrá que ver si finalmente el presidente Milei, de la mano de su ministro Federico Sturzenegger, logra lo que ni Carlos Menem pudo en 1997, cuando en plena relación carnal con el gobierno norteamericano puso en la agenda del Congreso el desarrollo de una nueva ley de patentes. Las internas –más vigentes que nunca– en el corazón del poder libertario podrían quedar en evidencia en el marco de este proceso. Al siempre activo asesor presidencial Santiago Caputo no hay industria que no le despierte interés.
En cualquier caso, las agendas de las cámaras empresarias están abarrotadas. La Asociación de Empresarios de la Argentina (AEA) anunciará en los próximos días la designación del ex Telefónica-Movistar Alejandro Lastra como nuevo presidente, en reemplazo del histórico Jaime Campos, que se jubila. Le tocará a Lastra la vocería en estos tiempos cambiantes, en los que al interior de la asociación tampoco hay necesariamente tantas coincidencias.
También en la Sociedad Rural Argentina (SRA) las internas están increscendo, pese a que las elecciones para las nuevas autoridades recién están previstas para septiembre. Esta semana, un grupo que apoya la candidatura del actual vicepresidente, Marcos Pereda, hizo circular un WhatsApp en el que cuestionaba la vocación de Nicolás Pino, presidente, de ir por un cuarto mandato. “No podemos criticar a los políticos que se ‘atornillan’ al poder si replicamos esas mismas prácticas. La coherencia es nuestro activo”, dice en uno de sus párrafos. Empieza a caldearse el ambiente en el campo, al son de un pronóstico de lluvias que, aunque mejora algo, no acompaña como se esperaba. En el campo, como en el resto de la economía, son tiempos desafiantes. ●
Florencia Donovan
