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Economía. Estabilizar la inflación y el tipo de cambio, al menos hasta las elecciones

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Economía. Estabilizar la inflación y el tipo de cambio, al menos hasta las elecciones

Crece el reclamo por la recuperación del poder adquisitivo. Con salarios y jubilaciones rezagados, gremios y sectores medios ponen la cuestión distributiva en el centro del debate. ¿Podrá el programa económico sostener la estabilidad y a la vez responder a esa demanda?

José Simonella del Diario La Voz de Cordoba

Estabilizar la inflación y el tipo de cambio, al menos hasta las elecciones

Ilustración Eric Zampieri.

Con la inflación en baja pero la actividad resentida, el Gobierno enfrenta un dilema: cómo sostener la calma de precios sin asfixiar el crédito, la producción y el poder adquisitivo que impacta de lleno en el consumo.

La economía argentina transita una etapa de transición. Tras meses de fuerte ajuste fiscal y monetario, la inflación muestra niveles muy inferiores a los de 2024. Sin embargo, el costo de esa estabilización ya se siente en la economía real: consumo deprimido, crédito en retroceso, aumento de la morosidad, caída industrial y salarios que pierden poder de compra. Todo esto agravado por la volatilidad de las tasas de interés desde el 10 de julio, cuando el Gobierno decidió eliminar las Lefi (letras fiscales de liquidez del Tesoro).

En esta misma columna, el 27 de octubre de 2024, advertíamos: “El comportamiento positivo de las variables financieras alentaba el optimismo de quienes veían una posible salida de la crisis. Sin embargo, la economía real y la falta de reservas invitaban a la cautela, recordándonos que la prudencia es siempre buena consejera frente a la euforia financiera”. Ese llamado a la cautela se reafirma hoy, tras el impacto de la eliminación de las Lefi y de otras medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para regular la liquidez, que desataron una fuerte volatilidad de tasas de interés en un momento delicado: elecciones en el horizonte y el final de la liquidación de la cosecha gruesa, cuyo adelantamiento había sido promovido por el Gobierno con una baja temporal de retenciones hasta junio de 2025.

Cada decisión de política económica repercute de inmediato en la actividad real. Así, este “error no forzado” generó incertidumbre y turbulencias que, más de un mes después, todavía golpean al mercado. Pese al discurso oficial, está claro que no todo “marcha de acuerdo al plan” (TMAP).

Privados de las Lefi, los bancos se refugiaron en instrumentos de máxima liquidez. Esto obligó al BCRA a intervenir nuevamente y esto alimentó la volatilidad de tasas y la suba del dólar. El apretón monetario fue la herramienta elegida para intentar encauzar la situación y proteger los dos activos electorales más importantes para el oficialismo: la desaceleración de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio. Pero el costo fue la contracción del crédito al sector privado, que agrava la caída del consumo, limita la producción y desalienta la inversión.

Vuelve la cuestión distributiva

El programa económico se sostiene en un conjunto de anclas: superávit fiscal, un tipo de cambio atrasado, apertura de importaciones y un apretón monetario tras la eliminación de las Lefi. Estas herramientas lograron moderar la inflación y atemperar las presiones sobre el tipo de cambio, ahora fluctuante entre bandas. Pero dejaron efectos secundarios difíciles de administrar y no resuelven la restricción que implica la falta de reservas.

El dólar bajo, que actúa como freno inflacionario, erosiona al mismo tiempo la competitividad de las exportaciones, alienta las importaciones, incentiva el turismo al exterior y expone a la industria nacional a una competencia externa difícil de enfrentar. La apertura de importaciones multiplica las dificultades de sectores productivos que enfrentan costos internos que no bajan y precios internacionales que los desplazan del mercado.

En paralelo, la agenda social empieza a cambiar. Si durante meses la prioridad fue controlar la inflación, ahora comienza a crecer el reclamo por la recuperación del poder adquisitivo. Con salarios y jubilaciones rezagados, gremios y sectores medios vuelven a poner la cuestión distributiva en el centro del debate. La pregunta es si el programa económico podrá sostener la estabilidad de precios sin responder a esa demanda más allá de las elecciones de octubre.

El Gobierno, entonces, enfrenta un dilema: estabilizar sin asfixiar. La disciplina fiscal y monetaria fue condición necesaria para frenar la inflación, pero no alcanza para pasar de reactivar la economía a crecer de manera homogénea. Sin crédito, sin competitividad, con ingresos en caída y sin inversiones, el crecimiento parece lejano más allá de la recuperación lograda.

Las reformas estructurales, en especial en los ámbitos tributario y laboral, serán imprescindibles para lograr una competitividad duradera que no dependa de ajustes periódicos en el tipo de cambio. Pero no alcanzará sólo con eso: también harán falta mejoras en infraestructura, logística y financiamiento para que la industria argentina pueda competir en el mercado global y atraer inversión extranjera directa que genere empleo y valor agregado local.

Elecciones, pragmatismo y consensos

La salida estará impactada, en buena medida, del resultado electoral, pero sobre todo de las decisiones que tome el Gobierno después de octubre. Un triunfo claro de La Libertad Avanza aumentaría las chances de avanzar en reformas estructurales, favorecido por una eventual baja del riesgo país, que abra el acceso al crédito externo e incluso a algún refuerzo de reservas que pudiera recibir. Un resultado adverso complicaría ese escenario, aunque no lo haría imposible.

En cualquier caso, será imprescindible recuperar el pragmatismo de meses anteriores y dejar atrás decisiones dogmáticas que generaron las turbulencias actuales.

También será necesario construir consensos más amplios para impulsar cambios que mejoren la competitividad y conviertan en realidad las inversiones y el ingreso de dólares tantas veces anunciados.

La salida exige tender un puente entre la estabilidad y el crecimiento. Eso implica políticas que impulsen el crédito productivo, incentivos a las exportaciones y una recomposición gradual del poder adquisitivo que no desarme lo logrado en materia de precios.

El riesgo de no alcanzar ese equilibrio es claro: una economía atrapada en un estancamiento prolongado, con baja inflación, pero con un costo social y productivo cada vez más difícil de sostener. Un estancamiento que, con sus altibajos, Argentina padece desde hace más de una década.

La esperanza es que, después de octubre y con la campaña electoral detrás, prime la voluntad de todos los actores de construir consensos que permitan alcanzar no sólo estabilidad y crecimiento, sino también desarrollo humano.

Golpe al Gobierno: la oposición unió filas en el Senado y apuró un dictamen para limitar el uso de los DNU

LA NACION > Política

Golpe al Gobierno: la oposición unió filas en el Senado y apuró un dictamen para limitar el uso de los DNU 

El texto se firmó en la noche de la última sesión; buscan apresurar su sanción antes del recambio legislativo

24 de agosto de 2025

LA NACION 

Laura Serra

Javier Milei por Alfredo Sábat

En el mayor de los sigilos, los bloques de la oposición del Senado suscribieron en la noche del jueves último un dictamen letal para los planes del Gobierno en los últimos dos años de su mandato. Se trata de un proyecto que empodera al Congreso para restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta de gestión indispensable para el presidente Javier Milei.

Mientras el oficialismo sufría esa noche una seguidilla de aplastantes derrotas en el recinto, entre las bancas de la oposición comenzó a circular el dictamen que, según anticipan sus autores, llevarán al recinto en la próxima sesión para que la Cámara de Diputados, en un tiempo perentorio, haga luego lo propio. El objetivo es anticipar la sanción al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, cuando se espera que los libertarios engrosen su representación en ambas cámaras, lo que dificultaría los planes opositores de ponerle límites al Gobierno.

El dictamen en cuestión, que comenzó a esbozarse el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, modifica dos aspectos claves de la ley 26.122 que regula el tratamiento legislativo de los DNU. En primer lugar, elimina el artilugio de la convalidación tácita de los DNU a partir del silencio del Congreso (sanción ficta); exige, en cambio, que éstos sean aprobados de manera expresa por ambas cámaras –y con mayoría absoluta- para que mantengan su vigencia.

Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática.

En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

El proyecto opositor incorpora un tercer punto también relevante: prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de “decretos ómnibus” como el DNU 70/2023 con el que el presidente Milei inauguró su gestión. En el artículo primero del dictamen los senadores dejan en claro que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso.

El dictamen en cuestión impone cambios copernicanos a la ley que, en su momento, promovió la exsenadora Cristina Kirchner en 2006 y que, por su laxitud, permitió a los sucesivos gobiernos dictar DNU y decretos delegados sin que el Congreso significara mayor obstáculo. En efecto, la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras para que un decreto pierda su vigencia. En cambio, de aprobarse el dictamen opositor, el rechazo de una sola cámara bastará para voltearlo. La misma suerte correrá si en un plazo de 90 días corridos el Congreso no se pronuncia.

Cambio de clima

Lo llamativo del dictamen no es solo su contenido restrictivo sino, sobre todo, quiénes lo auspiciaron, en su mayoría exaliados del oficialismo. Habla de un cambio rotundo del clima político en el Congreso, el cual tuvo como punto de inflexión el cierre de las candidaturas oficialistas con vistas a las elecciones de octubre próximo. Una instancia que dejó un tendal de heridos que, despechados, se pasaron raudos a las filas opositoras. El oficialismo acusó el golpe con la ristra de derrotas que sufrió la semana pasada tanto en Diputados como en el Senado.

Encabeza el listado de firmas la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), esposa del exgobernador y primer candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti. La acompañan varios senadores que, hasta hace poco tiempo, acompañaron al Gobierno, entre ellos Juan Carlos Romero (Salta) y Eduardo Vischi (Corrientes), este último jefe del bloque radical.

Completan las firmas los también radicales Flavio Fama y Pablo Blanco, como así también Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Mónica Silva (Juntos somos Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck.

El kirchnerismo prefirió ocupar un segundo plano –tal vez para no desairar a su jefa política, autora de la ley-, pero no se privó de estampar también su rúbrica a un proyecto que, de aprobarse, le infligiría un fuerte golpe político al gobierno libertario. Lo firmaron José Neder, Mariano Recalde, María Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán.

“El kirchnerismo aprobó esta ley para hacer uso y abuso de los DNU. Es una norma que empodera al Poder Ejecutivo. Este dictamen, en cambio, va al otro extremo, fortalece al Congreso –indicó el senador Romero a LA NACION-. Para encontrar un punto de equilibrio yo, si bien suscribí el dictamen, voy a sugerir que los decretos tengan el mismo tratamiento que una ley”.

El radical Blanco, por su lado, alertó sobre “el abuso que hace el Gobierno” de los DNU. Los datos oficiales revelan que, en lo que va de su mandato, el Poder Ejecutivo dictó 71, sin contar los decretos delegados; una cifra superior al promedio de gobiernos anteriores (sin contar los años de pandemia), aunque el oficialismo esgrime un argumento no menor para justificarlos: el de Milei es un gobierno en minoría en ambas cámaras y, después de todo, se trata de una facultad consagrada en la Constitución Nacional que todos los presidentes, sin excepción, utilizaron aun contando con mayorías parlamentarias.

Los opositores retrucan que el de Milei devino en un gobierno decidido a gestionar a puro DNU y vetos presidenciales con tal de ningunear al Congreso. Una modalidad que, aseveran, se profundizará durante la segunda parte de su gestión si, como auguran los pronósticos electorales, los libertarios incrementan su representación en ambas cámaras. No alcanzarán la mayoría, pero aspiran a consolidar al menos un tercio de voluntades en la Cámara de Diputados, suficiente para blindar los futuros vetos presidenciales.

Hasta el 10 de diciembre, sin embargo, el oficialismo deberá soportar los embates de una oposición decidida a unir filas frente a un Gobierno que, advierte, se perfila cada vez más autocrático por su renuencia al diálogo. En el Senado se descuenta que el dictamen para restringir el uso de los DNU se aprobará con amplia mayoría; en la Cámara de Diputados, si bien el año pasado se frustró el tratamiento de una iniciativa similar, la fragilidad que exhibe hoy el oficialismo le abre a la oposición una nueva oportunidad. Allí también, como en el Senado, hay varios “heridos” que, antes de dejar su banca, quieren cobrarse viejas cuentas.

Frente a una ofensiva que se anticipa inexorable, el oficialismo tendrá el veto como única arma para defender –paradojas de la política- la ley de DNU que legó Cristina Kirchner. Habrá que ver si, en esta carrera contra reloj antes del recambio legislativo, la oposición finalmente logra consumar su golpe.

Por Laura Serra