UN GOBIERNO QUE SE REPLIEGA EN EL INTERVENCIONISMO.
“Kicillof tiene una concepción muy soviética de la economía, eso ya no cuenta más, ni en China rige”. La definición pertenece a un importante diplomático de la República Popular luego de un encuentro con el entonces secretario de Política Económica, quien pocos meses después se convertiría en ministro.
Más allá de las etiquetas, porque para algunos la política económica es marxista y para el Gobierno es neokeynesiana, lo cierto es que aquellas convicciones de Kicillof vuelven a aflorar ahora que la crisis económica pasa del trote al galope.
Este reimpulso estatal, adornado con discursos contra el sistema financiero internacional, reapareció luego de que la Justicia estadounidense pusiera un freno al plan kirchnerista de volver a los mercados voluntarios de crédito.

Un saludable intento de darles mayor herramienta de defensa a los consumidores incluyó retoque a la ley de abastecimiento y puso los pelos de punta a prácticamente a todas las cámaras empresariales, incluso algunas que estuvieron cerca del Gobierno.
Ese proyecto indica que la Secretaría de Comercio Interior podrá fijar precios máximos y mínimos y márgenes de utilidad, eleva las multas y sanciones previstas en la vieja ley de abastecimiento y admite la clausura preventiva de establecimientos por hasta treinta (30) días. No cambia mucho respecto a la anterior, pero ratifica métodos de intervención muy cuestionados.
Por otro lado, Cristina Kirchner anunció que se buscará aplicar la Ley Antiterrorista por “alteración del orden económico y financiero” contra la gráfica estadounidense Donnelley, luego de que presentara su pedido de quiebra.
El Gobierno denunció que entre sus propietarios figuran los fondos de inversión Blackrock Inc., Capital World Investors, The Vanguard Group Inc. y State Street Corporation, que a su vez son socios del fondo buitre Elliott Management Corporation.
El empresariado y sectores de la oposición advirtieron que tanto la Ley de Abastecimiento como la Ley Antiterrorista generan mayor desaliento a las inversiones.
Paralelamente, el Gobierno está alentando planes de estímulo para la economía y el consumo, a tono con los principios de Keynes, pero esas políticas expansivas han hecho crecer el gasto público 56% en junio respecto al mismo mes del año pasado.
A la recesión con inflación se le sumaron en los últimos meses problemas con el empleo. Solo en el sector automotriz hay unos 10 mil afectados por recortes y suspensiones, pero también hay problemas de arrastre en otras actividades como los frigoríficos.
Tensión política
Esos inconvenientes laborales pusieron en segundo plano la pérdida del salario real contra la inflación y la no actualización del mínimo no imponible de Ganancias. Así lo interpretaron las centrales oficialistas que conducen Antonio Caló y Hugo Yasky, quienes decidieron postergar sus reclamos.
Sin embargo, las centrales opositoras no opinan lo mismo y el tercer paro general contra el kirchnerismo tendrá lugar a fin de mes o a principios de septiembre.
La huelga será convocada la semana próxima y se constituirá en un barómetro de la tensión económica pero también reflejará la cercanía del nuevo tiempo político.
“Parar el país es como ganar una elección. Pasaron ocho años para que llegara el primer paro general y ahora se va a hacer el tercero, eso marca muchas cosas”, reflexionó el histórico referente sindical, Víctor De Gennaro, hoy diputado nacional y precandidato presidencial por el frente Unidad Popular.
De Gennaro aludió a la tensión económica creciente pero también a los corrimientos y alineamientos políticos: no es fácil hacer un paro a un gobierno peronista.
El éxito de la nueva huelga está prácticamente garantizado por la participación de la mayoría de los gremios del transporte, aunque los reclamos parecen desactualizados.
Por otra parte, la aparición de De Gennaro como candidato presidencial podría ser una acto premonitorio de la descomposición del Frente Amplio Progresista.
El ex titular de la CTA decidió abrirse de lo que hoy es UNEN antes de que quedara tironeado por aquellos que quieren ampliarlo al PRO y los que buscan sostener su sesgo progresista.
Esa tensión quedó expuesta esta semana cuando Elisa Carrió decidió irse en medio del discurso de Pino Solanas durante la presentación del Frente en la Ciudad.
Carrió ya no oculta su deseo de formar un gran espacio antiperonista. Hay muchos radicales que opinan lo mismo, sobre todo aquellos que ven la posibilidad de ganar las elecciones en sus provincias el año próximo. Es probable que haya estrategias diferenciadas en los distritos y la Nación.
Pero también hay una cuña massista en UNEN. Buena parte de la Coalición Cívica bonaerense, encabezada por su presidente Walter Martello, anunció su salto al Frente Renovador. Y aquellos mismos dirigentes radicales que coquetean con Macri en las provincias también ven a Massa como posible trampolín electoral.
Deshojando una margarita entre Massa y Macri están —entre otros— el tucumano José Cano, el neuquino Horacio “Pechi” Quiroga, el riojano Julio César Martínez, el jujeño Gerardo Morales, el santacruceño Eduardo Costa, el formoseño Ricardo Buryaile y el pampeano Francisco Torroba.
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